Ary Neil Pantoja [email protected]
La juez primero civil de distrito de Masaya, Ruth Chamorro Martínez, reiteró ayer haber recibido presiones de parte del procurador General de la República en funciones, Francisco Fiallos, para que dictara una sentencia favorable al Estado de Nicaragua, en un proceso judicial en el que la Procuraduría General de la República (PGR) era parte activa.
“Fui llamada por la doctora (Diana) Avendaño pidiéndome que fuéramos a la PGR (además me dijo) que el Procurador (Fiallos) estaba muy molesto porque estábamos fallando juicios en contra del Estado. Yo le hice saber que si no estaban contentos con las resoluciones, que estaban los recursos (legales) y que hicieran uso de ellos. Puse en conocimiento de estas presiones a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Chamorro.
La judicial llamó ignorante al Procurador en referencia a la falta de conocimiento del procedimiento civil en un juicio. “En un caso yo le hice un requerimiento (al Procurador) en representación del Estado. Su contestación fue que era nulo el requerimiento que le hice en vista de que no llamé a mediación al Estado. Es una vergüenza que una entidad como la Procuraduría no sepa que el Estado no va a mediación. La ignorancia los ha llevado a hacer quejas mal infundadas”, expresó la judicial.
Chamorro brindó estas declaraciones minutos antes de rendir su informe ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la CSJ, donde enfrenta una acusación de parte de la PGR. Chamorro se desempeñaba como juez Cuarto Civil de Distrito de Managua cuando llevó el caso que originó la acusación de la Procuraduría.
BENAVENTE PIDE REPOSICIÓN DEL AUTO
En tanto, la juez tercero de lo Civil, Distrito de Managua, Vida Benavente, solicitó una reposición del auto dictado por la Comisión de Régimen Disciplinario mediante el cual abre una investigación en contra de la judicial, basada en una acusación de la PGR. Benavente dijo que ningún juez puede ser acusado o investigado por el ejercicio de su cargo.
También compareció ayer ante la Comisión para rendir un informe sobre su actuación en el proceso judicial que entabló la empresa Agroindustrial Azucarera S.A. (Agroinsa) en contra del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), que culminó con el embargo y subasta de los bienes de la aseguradora estatal.
Benavente negó haber incurrido en alguna anomalía durante el proceso judicial, y reiteró que su actuación estuvo apegada a las leyes. “Me preguntaron sobre asuntos jurisdiccionales. Yo estoy pidiendo la reposición del auto (de la Comisión) porque los asuntos jurisdiccionales no pueden ser motivo de queja”, dijo.
