Castro quiere aplastar a disidencia

LA HABANA.- Las autoridades pedirán cadena perpetua para por lo menos 10 de los 77 disidentes cubanos detenidos en la más enérgica ofensiva contra grupos opositores en años recientes, denunció el miércoles uno de los activistas.

Los procesos comenzarán hoy y se extenderán hasta el lunes.

Sumadas, las penas pedidas por la Fiscalía para los disidentes arrestados desde mediados del mes pasado llegarán a unos 900 años de prisión, calculó el activista de derechos humanos Elizardo Sánchez.

Sánchez circuló un informe en el cual se reportaron las solicitudes de condena para los encarcelados durante la última ola de detenciones que comenzó el 18 de marzo. Según las familias, al menos cuatro tribunales se habilitarán simultáneamente para atender los expedientes en los cuales se agrupan varios inculpados por vez.

Consultado sobre las detenciones, el lunes, el líder parlamentario Ricardo Alarcón aseguró que se mostrarán pruebas a los tribunales de que los disidentes conspiraban contra el gobierno.

De acuerdo con un listado divulgado por la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRNN), que lidera Elizardo Sánchez, en este momento hay 77 activistas de Derechos Humanos y periodistas independientes detenidos tras la ola de arrestos que comenzó el 18 de marzo pasado, acusados de “conspiración” con Estados Unidos.

“LEY MORDAZA”

Los disidentes serán juzgados por los tribunales cubanos al amparo de la llamada Ley 88, conocida como “Ley Mordaza”, o a través del artículo 91 del Código Penal.

La Ley 88 tiene como objetivo “sancionar aquellos hechos encaminados a apoyar, facilitar o colaborar con la Ley Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares encaminadas a menoscabar, dañar o poner en peligro la independencia, soberanía e integridad del Estado cubano”.

Esa norma legal, aprobada por el Parlamento cubano en 1999, también considera “conductas delictivas” el “suministro, búsqueda u obtención de información” y la “introducción en el país de materiales subversivos, su reproducción o difusión”.

Igualmente, “la colaboración directa o mediante terceros con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión masiva a los fines señalados en el proyecto de ley”.

Estas redadas contra los disidentes, consideradas por la oposición interna como la “más represiva” de la última década, comenzó con un anuncio oficial el 18 de marzo, y ha supuesto, hasta el momento, el arresto de más de 75 disidentes, activistas de Derechos Humanos y periodistas independientes.

Los familiares de los detenidos recibieron ayer, martes, la notificación de los juicios, un día después de que el presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, anunciara que “haremos que nuestras leyes sean respetadas y que la soberanía de la nación sea preservada”.

Los disidentes han hecho un llamado a la solidaridad internacional de partidos, gobiernos, instituciones, iglesias y organizaciones no gubernamentales en busca de su respaldo para frenar la ola de detenciones y conseguir la liberación de los arrestados.

El gobierno acusa a los disidentes de tener vínculos con la Oficina de Intereses de Estados Unidos, que según las autoridades conspira para desestabilizar la revolución.

Después de los registros en los hogares de los detenidos, la Policía se llevó computadoras, faxes y documentación.

A los disidentes se les permitió ver a sus familiares, y éstos reportaron que se encuentran bien de salud.

Varias esposas se quejaron de que los detenidos no habían podido consultar a sus abogados o éstos ni siquiera tenían los expedientes de la Fiscalía.

¡Qué indefensa me siento..! ¿Dónde puedo encontrar a alguien que le pueda hacer una defensa a mi esposo?», se preguntó Elsa Pollan, esposa de Héctor Fernando Maseda.

“Culpables o no, ellos tienen derecho a tener un abogado”, dijo Pollan.

PENAS

Los opositores Martha Beatriz Roque, Héctor Palacios Ruiz, Pedro Pablo Álvarez, Osvaldo Alfonso, Ricardo González, Miguel Galván Gutiérrez, Luis Enrique Ferrer, José Daniel Ferrer y Jesús Mustafá, se enfrentan a una petición fiscal de cadena perpetua en los juicios que está previsto que se celebren entre el jueves y el domingo.

Otros, como el periodista Raúl Rivero, Director de la Agencia independiente Cubapress; Marcelo López, portavoz de la CCDHRN; Regis Iglesias, del grupo “Movimiento Cristiano Liberación”; el periodista independiente Oscar Espinoza Chepe, y el disidente Eduardo Díaz Fleitas, se enfrentan a solicitudes de 20 y hasta 30 años de cárcel.

Según explicó Elizardo Sánchez, el denominador común en estos casos es que se trata de delitos contra la seguridad del Estado.

Entre los detenidos también figuran numerosos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, liderado por Oswaldo Payá, y a algunos de ellos se les acusa de una “desajustada conducta social e ideas contrarias al proceso revolucionario”, según los expedientes entregados a los abogados por la Justicia.

A Ricardo Silva, Leonel Grave de Peralta y José Daniel Ferrer, de la organización que lidera Payá, se les acusa de “fomentar, difundir, acopiar y proyectar ideas, proclamas y materiales subversivos tendentes a desestabilizar las bases ideológicas de la revolución”.

Asimismo, de “recibir recursos materiales y financieros” de Estados Unidos y de “divulgar y comercializar el sedicioso Proyecto Varela”, una iniciativa impulsada por Payá para convocar un referéndum sobre la democratización del país, respaldada por 11,020 firmas presentadas al Parlamento cubano en mayo del pasado año.

SIP PREOCUPADA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su “profunda preocupación por el bienestar de los periodistas independientes” detenidos en las redadas de disidentes que efectúa desde hace dos semanas el gobierno de la Isla. La SIP, con sede en Miami, destacó la situación de Raúl Rivero, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, que fue arrestado en su hogar el pasado 20 de marzo, y que lleva 11 días detenido e incomunicado.