- Reclaman 100 millones de dólares en indemnizaciones
José Adán Silva [email protected]
Osorno Coleman, un abogado que durante los años de la guerra fue un comandante de la Resistencia indígena de Yátama, es uno de los organizadores de la demanda contra el Estado de Nicaragua, que esperan interponer ante las instancias judiciales locales, a más tardar a inicios de mayo.
Coleman, junto a otros dos abogados misquitos de Bilwi, está levantando un censo entre los indígenas afectados por los sucesos de Tasba Pri, para cuantificar los daños materiales sufridos por esta etnia, durante la operación militar sandinista, que desplazó a más de 8,500 misquitos de las riberas del río Coco en 1982. Aunque no ha terminado el censo, desde ya asegura que la demanda no será menor de 100 millones de dólares.
“Leímos las leyes y descubrimos que hay méritos para demandar al gobierno, porque fue violado el derecho de cada persona en Tasba Pri, donde perdieron todo, algunos hasta sus vidas”, explica Coleman desde una pequeña y sofocante oficina en Bilwi.
En su escritorio hay acumuladas cinco montañas de expedientes, y afuera, sentadas en bancas rústicas, unas 10 personas hacen fila para reportar sus supuestas pérdidas de bienes durante la guerra.
“Como era un asunto de Estado no vamos a demandar al Frente Sandinista, vamos a exigir al gobierno nos dé respuesta”, dice Coleman, quien asegura que antes de tomar esta decisión consultaron con la Procuraduría de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal y otras instituciones.
Según Coleman, primero van a agotar las instancias locales, “pero si después no nos dan respuesta, y no prospera el juicio, entonces vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA). Ellos, mejor que nadie, conocieron esta desgracia”.
“Vamos a demostrar ante los tribunales que los derechos de las comunidades indígenas fueron pisoteados. Si la CIDH-OEA ha condenado al Estado por casos individuales como el de Jean Paul Genie y de Zoilamérica Narváez, ¿por qué no lo ha de hacer a favor de estas comunidades que masacraron y desalojaron violentamente?”, expresa Coleman, quien usará el delito internacional de “genocidio”, contra el Estado de Nicaragua en este posible juicio, para el cual ya cuentan con 719 denuncias de familias misquitas que exigen justicia por sus bienes perdidos, y de otras 79 que exigen una respuesta a sus familiares desaparecidos durante esas acciones.
“Este es un delito de carácter internacional, Título 14, del código, Capítulo Único, genocidio y trata de prisioneros y niños, y otros delitos. Comete actos de genocidio y será penado con presidio de 15 a 20 años el que realice actos o dicte medidas evidentes a destruir parcial o totalmente un grupo étnico o religioso, tales como ataques a la integridad personal de sus miembros, deportaciones en masa, desplazamientos violentos de niños o adultos hacia otros grupos, imposición de condiciones que hagan difícil su subsistencia o realización de operaciones o prácticas destinadas a impedir su reproducción”, lee Coleman.
RESPALDO INDÍGENA
La demanda que organiza Coleman fue respaldada por otros líderes indígenas que también participaron en la guerra, quienes esperan que el asunto se maneje sin trasfondos políticos
Hazel Lau, una de las protagonistas de aquel capítulo bélico, dice que la demanda será legítima siempre y cuando involucre a todas las etnias afectadas y no sólo a los misquitos
“Tasba Pri afectó a todas las comunidades, no sólo misquitos, si van a demandar que sea en nombre de todos los afectados y no sólo de una comunidad”, dice Lau.
“Será una demanda legítima en la medida que no haya trasfondos personales, políticos y económicos de pequeños grupos, sino que busquen la igualdad de los indígenas, sin distingo de raza, ideologías u otros asuntos”, dice Lau, tras afirmar que con estos desplazamientos afectaron para siempre la identidad étnica de las comunidades y la organización ancestral y cultural de los indígenas
Igual opina el ex comandante de la resistencia indígena, Brooklin Rivera, para quien el conflicto de Tasba Pri, “está pendiente de justicia”.
Rivera señala que antes de aventurarse a querer recuperar un poco de justicia, debe haber un consenso entre las comunidades afectadas. “Hay que preguntarle a la gente si prefiere olvidar, o si es necesario remover las heridas dolorosas de las masacres, no podríamos hacer las cosas sin consenso”, dice este dirigente histórico de Yátama.
“Esa fue una tragedia que enlutó a las comunidades del río, que tiñó de sangre las riberas del río, en ese desalojo violento, forzado, hubo muchos muertos, gente que fue asesinada en masa y luego enterrada en masa, persecuciones, hostigamiento, hay a la fecha muchos desaparecidos, de manera que hay que tratar con cuidado este tema, porque será doloroso abrir muchas cicatrices que se creían superadas”, refiere Rivera.
MEMORIAS DEL DOLOR
“Era doloroso verlos confundidos en esos campamentos, sin saber a dónde regresar; la gente sufría por la pérdida de sus raíces, por dejar a sus muertos allá, sus medios de vida, los niños crecían en relación con el río. Nunca había visto tantos abuelos misquitos llorar al dejar sus tierras, su río, ellos son hijos del río. Viven, consumen el agua que les sirve para todo, y sacarlos de su hábitat es muy impactante, no sólo dejaban su vida, también sus cementerios sagrados, sus áreas de cultivo, de pesca y caza, esas memorias llenas de dolor no tienen un valor monetario”, expresa el dirigente indígena de Yátama, Brooklin Rivera.
