Ary Neil Pantoja [email protected]
Mientras las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigan 92 casos de corrupción judicial, la juez Primero Civil de Distrito de Matagalpa, Eveling González Betancourt, enfrenta dos denuncias ante el Ministerio Público, por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, enriquecimiento ilícito, cohecho y asociación para delinquir.
Uno de los denunciantes es el señor Guillermo Enrique Bolaños Zamora, quien según testimonio rendido ante la Fiscalía General de la República, fue testigo de una transacción bancaria a través de la cual la mencionada juez González Betancourt presuntamente recibió dinero de la abogada Yadira Madrigal Romero, por haber fallado a favor de su cliente en un juicio de embargo de bienes.
En su denuncia, Bolaños Zamora ofreció pruebas de la transacción y para ello pidió a la Fiscalía que solicite el levantamiento del sigilo bancario en la sucursal Camino de Oriente del Banco de América Central (BAC), donde se habría realizado la transacción el 11 de diciembre de 2002.
OTRA DENUNCIA
La otra denuncia recibida en la Fiscalía en contra de la juez González Betancourt, la hizo el abogado José Luis Pérez Herrera por el delito de prevaricato. Pérez Herrera aseguró que la juez se parcializó en un caso de propiedad a favor de Justo Pastor Torres Flores.
Pérez dijo representar en el litigio a Rafael Antonio Ventura Guzmán, quien inscribió una propiedad de 200 manzanas de tierra en el municipio de San Ramón, Matagalpa, bajo la escritura 117, siendo la misma juez González Betancourt la que reconoció e inscribió la propiedad.
Luego, dijo Pérez, apareció Justo Pastor Torres Flores con una escritura sobre la misma propiedad, por lo que se abrió un juicio por la vía penal, por el delito de falsificación de documentos públicos. Estando el caso para sentencia por la vía penal, la juez González Betancourt dejó en posesión de la propiedad a Torres Flores.
Al no conocer los intereses de la juez, en su denuncia Pérez Herrera solicitó a la Fiscalía pida a la Contraloría General de la República “realice las investigaciones pertinentes que determinen si el crecimiento o progreso económico de la denunciada así como personas allegadas a ella son acordes o proporcionales con el salario histórico que ha devengado”, señala el escrito.
