Para financiar los excesivos y siempre crecientes gastos estatales, el presidente Enrique Bolaños y las bancadas parlamentarias quieren aumentar la carga fiscal que ya ahora es en Nicaragua la más onerosa de Centroamérica.
La lógica económica más elemental y el sentido común administrativo indican que lo que se debería hacer es reducir el gasto público y ajustarlo a las posibilidades reales de la economía nacional; así como bajar las actuales tasas impositivas para incentivar la inversión privada, fomentar la producción, estimular los negocios, expandir el empleo e impulsar el desarrollo nacional. ¿Acaso no es por eso que se han establecido exoneraciones a la industria turística, por ejemplo, y un diputado liberal está proponiendo exonerar el rubro ganadero?
El presidente Enrique Bolaños proviene del sector empresarial privado, y por lo tanto cabe esperar que al dirigir el Gobierno no debe comportarse como un político más de esos que ponen las urgencias fiscales por encima de cualquier otra cosa, inclusive la racionalidad económica. ¿Cómo no van a comprender el presidente Bolaños y los miembros de su Gabinete Económico, que al obligar a la población en general y a los empresarios en particular a pagar más impuestos provocarán más distorsiones financieras en las empresas, quebrarán muchos negocios, aumentarán las incertidumbres sociales y estrangularán las posibilidades de la reanimación económica y productiva?
Ciertamente, una política tributaria cambiante y agresiva como la que ya existe en Nicaragua, y que ahora, por razones y compromisos políticos el Gobierno quiere intensificar y agravar, impide la recuperación económica, prolonga y profundiza las tendencias recesivas e incrementa los niveles de desempleo, que ya de por sí son muy elevados.
En su afán de sacar sangre de donde no hay, el presidente Bolaños hasta se ha pronunciado contra algunas exoneraciones establecidas constitucionalmente para los medios de comunicación, haciendo coro con el diputado sandinista Bayardo Arce, que amenazó con suprimirlas. Por cierto que el presidente Bolaños ha criticado esas exoneraciones desde que se incluyeron en la Constitución, en 1995. Pero el hecho de que precisamente ahora vuelva a pronunciarse contra esa disposición constitucional, junto con el mencionado diputado sandinista, que es reconocido por su aversión a la libertad de expresión, pareciera demostrar que al presidente Bolaños le están molestando las críticas públicas que con frecuencia se hacen a las políticas de Gobierno y a él mismo como principal funcionario público de la nación.
Thomas Jefferson, quien a menudo era criticado por los periódicos y los periodistas, señaló, sin embargo, que era preferible un país sin gobierno que una nación sin libertad de prensa. Es evidente que el presidente Bolaños no piensa de esa misma manera, o al menos eso es lo que se percibe de su coincidencia con el diputado sandinista Bayardo Arce contra la exoneración a algunos insumos de los medios de comunicación.
Como explicaron ayer los principales directivos de LA PRENSA, si se eliminara la exoneración a los medios de comunicación aumentarían drásticamente los costos, habría que aumentar el precio de los periódicos, muchos medios quebrarían y se afectaría la libertad de expresión. Al respecto, hay que recordar que la exoneración a los medios se incluyó en la Constitución (artículo 68), con el fin de proteger la libertad de prensa de las presiones gubernamentales por medio de la aplicación de impuestos y otras disposiciones administrativas de carácter económico.
Después de las censuras a los medios y las represiones contra los periodistas independientes que practicó la dictadura de derecha somocista y recrudeció la dictadura de izquierda sandinista, lo menos que se podía hacer era prevenir que no se volviera a utilizar el garrote fiscal contra la libertad de prensa.
En la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión se dice que: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
El presidente Bolaños firmó esa Declaración cuando era candidato presidencial, en 2001. Y como hombre de honor tiene que honrar su firma, aunque no le guste que la libertad de prensa sea protegida de los gobiernos, inclusive por medio de la exoneración de algunos impuestos.
