Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
Adán Hernández Zelaya, productor del departamento de Jinotega, demandó al Estado le pague una propiedad o resuelva una situación iniciada después que se vio obligado a realizar una permuta de propiedades, previo acuerdo con el Estado.
Según Hernández Zelaya, en 1995 cedió su propiedad denominada “El Porvenir” y ubicada en Jinotega, para albergar a algunos desplazados de guerra, a cambio de la propiedad Macedonia, a “petición” del gobierno. Después de ocurrido el cambio, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria le extendió un título de Reforma Agraria.
Más tarde Hernández Zelaya fue demandado legalmente por Edmon Zamora Moller, antiguo dueño de la misma propiedad (Macedonia) que el Estado le dio, obteniendo una resolución judicial que le ordenó devolverla en un plazo determinado.
“Me siento completamente en el aire, sé que el Estado ha abusado completamente porque cuando se le llamó a defender el título, se hicieron los sordos”, dijo el afectado.
INRA LE MIENTE
En su intento por no perder la propiedad donde ha permanecido durante catorce años, o que se le devuelva el anterior inmueble, el señor Hernández Zelaya recurrió al Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), sin embargo no fue posible conseguir una solución favorable.
“Me llamaron del Inra y me dijo el doctor Manuel Mayorga que la única forma de solucionar el problema era que yo les donara la finca, firmara una escritura haciendo constar que yo les donaba la finca para cancelar una deuda que yo tenía con el Banco Nacional, el monto ascendía a unos 66,700 córdobas. Vine yo de sencillo, firmé creyendo que tal vez ellos lo estaban haciendo de buena fe y hasta el día de hoy, no me han pagado ni un centavo, o sea yo tuve que cancelar al banco, para que no me pasaran a La Cobra”, afirmó.
JUEZ NO TRAMITA CASO
Tras ver que su situación era irreversible, Hernández Zelaya interpuso una demanda por el cobro de las mejoras realizadas en la propiedad reclamada, ante el Juzgado Civil de Distrito de Jinotega, sin embargo, la juez Adriana Molina Fajardo no tramitó el caso.
Esto dio pie a que el afectado pidiera a la Comisión de Régimen Disciplinario investigar el caso y señaló a la juez Molina Fajardo de abusar de sus funciones al no tramitar la causa, para recuperar lo invertido.
