Apegados a la verdad histórica

En un reciente intento por poner sobre la mesa la historia de las corporaciones que en su momento conformaron la CORNAP, he percibido un enfoque que quiero comentar. Considero que estas cosas merecen ser abordadas pero apegados a la verdad histórica.

En el editorial del día 5 de febrero y un artículo de primera plana del día siguiente equivocadamente se afirma que en febrero de 1990 “el Estado era dueño, entre muchos otros bienes, de 340 empresas de toda clase agrupadas en la CORNAP”.

El problema de la propiedad que el país ha sufrido en estos últimos 23 años no hubiera sido problema si efectivamente el Estado hubiese sido “dueño” de todas esas empresas. Quizás lo era en la mente de algunos sandinistas, o de muchos, pero no en la de los votantes que en las elecciones del 90 decidimos respaldar el Programa de Gobierno de la UNO que prometía revisar todas las confiscaciones, exceptuando las del Decreto 3, devolver todo lo que se fuera posible y compensar por lo que no lo fuese.

Nosotros, los que ganamos aquellas elecciones apoyando a doña Violeta Barrios de Chamorro, sabíamos que aquello era una obligación. Había que devolver todo lo que no fuera legítima propiedad del Estado. Por esa razón, antes que relacionar CORNAP con privatizaciones hay que asociarla primero con las devoluciones de los bienes, fincas y empresas que no eran del Estado y habían sido injustamente confiscadas. Esa fue su primera tarea y su principal obligación.

La parte más importante de los bienes de CORNAP la constituían fincas y empresas que fueron devueltas a sus dueños, como el ingenio San Antonio y el Monterosa, las embotelladoras de Coca y Pepsi Cola, la cervecería Victoria, la jabonería Prego, el matadero Amerrisque, el Eskimo, La Perfecta, por sólo citar algunas, y cientos de fincas de algodón, café, ganado, hoteles, tiendas y hasta discotecas que tenían legítimos dueños y nunca debieron haber sido tomadas por el Estado en tiempos del gobierno sandinista.

Todo esto consta detalladamente en los informes de avance del proceso de privatización que CORNAP divulgaba anualmente entre los Poderes del Estado, organismos internacionales y el periodismo nacional e internacional.

Afirmar que “casi todas pasaron a manos de personas o grupos sandinistas”, como lo hace LA PRENSA en su editorial, es una distorsión histórica. En Nicaragua todos sabemos que ni las familias Pellas, Llanes, Prego, Argüello, González o Salvo, ni la inmensa mayoría de los beneficiados con devoluciones, fueron nunca sandinistas ni cosa parecida.

De las 351 empresas que conformaban las 22 corporaciones de CORNAP, un 50 por ciento aproximadamente fueron devueltas a sus dueños, casi ni uno sandinista. Fue muy rara la confiscación de bienes de ciudadanos de ese partido. Sin embargo, devolver fincas y empresas que para sus propios trabajadores eran “Area Propiedad del Pueblo”, no fue tarea fácil ni producto de un tranquilo diseño en una mesa de dibujo.

En defensa de quienes pusieron sus mejores esfuerzos por apoyar a doña Violeta en la primera Concertación Económica y Social de nuestra historia, cuyo espíritu constructivo buena falta nos hace hoy día, puedo a afirmar que jamás se hubiese podido lograr dichas devoluciones si no hubiese sido por la compensación establecida en esos mismos acuerdos en favor de los trabajadores. Ahí se decía: “El Gobierno, al privatizar empresas del Estado, tomará en cuenta los derechos adquiridos de los trabajadores, así como el derecho a participar en la propiedad de las mismas”.

Esto, a su vez, fue ratificado con el voto de los diputados de la UNO y el FSLN en la Declaración Oficial de la Asamblea Nacional en noviembre de 1990, que literalmente dice: “Consideramos que al privatizarse empresas del Estado debe tomarse en cuenta los derechos de los trabajadores a participar en la propiedad de las mismas”. Por eso, otra parte importante de CORNAP se destinó a cumplir con estos propósitos.

El saldo a privatizar fue poco, el hotel de Montelimar, un par de ingenios, y algunas empresas adicionales, todo apegado a los documentos de licitación preparados por entidades de reconocido prestigio internacional.

Y debo señalar que otro número significativo de empresas y bienes de CORNAP quedaron en manos del Estado en 1996, entre ellos la Cementera, el edificio de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ingresos.

Sin embargo, para todos nosotros, firmantes de aquellos históricos acuerdos, resultaba obvio que las fincas y empresas que pasarían a manos de trabajadores tendrían que darse en abonos a plazos para permitir que dichos beneficiarios tuviesen tiempo para generar utilidades con sus cosechas y actividades para pagar poco a poco esas obligaciones.

Del 91 al 96 la gestión de cobro de la CORNAP, administrada por el Gobierno de doña Violeta de Chamorro, fue bastante satisfactoria. Según se consigna en el Informe del Proceso de Privatización al 30 de noviembre de 1996, publicado en esa fecha, CORNAP entregó al Ministerio de Finanzas más de 408 millones de córdobas en concepto de cobros por arriendos de fábricas, o por abonos de pagos contra las opciones de compra negociadas, en el período de doña Violeta.

Más satisfactoria hubiese sido la recaudación si la Nicaragua de 1991, 92 y 93, hubiese sido la Nicaragua pacífica y tolerante que logramos alcanzar para 1996. Las acciones armadas de los rearmados, tanto recontras como recompas, y luego revueltos, sumados al corte de la ayuda de Estados Unidos, los duros programas de ajuste económico para salir de la hiperinflación, y los estragos de las sequías, el abigeato y los bajos precios del café, volaron en pedazos los sueños de muchos de estos beneficiarios.

Sin embargo, se debe señalar que todos los saldos de estas obligaciones quedaron debidamente documentados en diciembre del 96, lo que ha permitido que altos funcionarios de esa institución se hayan referido a dichos adeudos en las últimas semanas.

A partir de enero del 97 otra historia se comenzó a escribir. CORNAP quedó generando tantos ingresos por cobros que fue una de las primeras “cajas chicas” que el ex presidente Alemán decidió saquear. De ahí salieron los primeros doscientos o trescientos mil dólares que el ex mandatario tomó abusivamente para su primer viaje de pachanga a España, en marzo de ese mismo año, para participar en las fiestas de Las Fallas en Valencia. Rosendo Díaz, primer presidente de CORNAP en ese gobierno, se vio precisado a renunciar.

¿Qué vino después? Más saqueo, poca gestión de cobro, y politización de una entidad que nunca debió haberse politizado, con resultados negativos que ahora se quiere hacer aparecer como males de origen. Una cosa fue la devolución y la privatización ordenada durante el gobierno de doña Violeta, y otra la deficiente gestión y el inmisericorde desvalijamiento durante el gobierno de Alemán.

Es bueno que estas cosas se comenten e investiguen ampliamente. Pero lo justo es hacerlo apegados a la verdad histórica.

El autor es ex ministro de la Presidencia