- Pero representante del Ministerio Público, en Liberia, sostiene que la pequeña está bien atentida
Elízabeth RomeroEnviada [email protected]
GUANACASTE, COSTA RICA.— Atemorizados. Así están los padres de la niña de 11 años —embarazada después de haber sido abusada sexualmente por un nicaragüense— debido a un escrito de protección temporal extendido por un período de tres meses, por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica, para retener en un albergue de esa institución a su hija y a otra hermanita suya de 13 años.
Los padres de la menor violada y embarazada, residentes en Santa Cecilia, a 53 kilómetros de la frontera norte de Costa Rica, hicieron un llamado a las autoridades nicaragüenses y organismos de Derechos Humanos en el país, para que les apoyen y exijan ante el gobierno costarricense una revisión de su caso, debido a que por desconocimiento ni siquiera pudieron apelar en las 48 horas la disposición del PANI.
“Si tuviera dinero ya hubiera pagado un abogado, porque uno no es culpable de lo que ha sucedido”, refiere el padre de familia nicaragüense, tras añadir: “Si yo hubiera sabido, inmediatamente no recibo en mi casa a ese hombre”.
El padre de la pequeña manifestó su temor porque las autoridades costarricenses intenten retener más tiempo a sus hijas, pese a que él y su cónyuge tienen la patria potestad de ellas, después que según dijo, las autoridades del PANI, en Liberia, le hicieron firmar el documento para que las niñas permanezcan bajo custodia de esa institución, sin que él antes pudiera leerlo.
“Me dijo que no había necesidad, que ella me los iba a leer y firmé”, comentó el padre de la menor embarazada, visiblemente alterado al confirmar que el documento establecía la protección institucional para sus dos hijas.
Pero hay más. El padre de la víctima denunció que la funcionaria que le hizo firmar el escrito le ocultó que su hija estaría bajo protección de esa institución durante tres meses, y más bien le expresó que únicamente sería por 15 días para que a la niña embarazada le administraran unos medicamentos.
“Una semana más y me la entregaban, nosotros por eso confiamos en ella, en su palabra, por eso firmé esos papeles”, añadió el progenitor de “Edelma”.
El documento firmado por la representante legal de la oficina legal del PANI, Marcela Noguera, señala que “esta medida tiene un plazo de tres meses que rige del 20 de febrero al 20 de abril (del año) en curso”.
Al tratar de consultar a las autoridades del PANI, en Liberia, sobre la denuncia de los padres de “Edelma”, una funcionaria indicó que no estaban autorizados a brindar información, y únicamente podían hacerlo en San José, Costa Rica.
La representante del Ministerio Público en Liberia, Liliana Zamora Velásquez, dijo que el sospechoso de haber embarazado a “Edelma” podría enfrentar una acusación en Costa Rica por el delito de violación. En el caso de una menor de 12 años, el Código Penal de ese país sanciona ese delito independientemente de que haya sido con el consentimiento de la menor o sin él, y contempla una pena que va de 10 a 16 años.
Zamora Velásquez agregó que la menor violada y embarazada está bien atendida por un grupo de médicos, sicólogos y trabajadoras sociales en un hospital de Liberia.
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