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Alejandra Alemán Cardenal podría ir a los tribunales por su presunta vinculación con la mala administración de los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), informó el vocero de la Procuraduría, Sergio Boffeli, aunque dependerá del resultado de las investigaciones que ya realizan.
En una auditoría interna del Seguro Social aparece que Alejandra Alemán Cardenal (hija de Arnoldo Alemán) recibió entre el año 1999 y el 2001, 2.7 millones de córdobas por contratación de la clínica La Marquette por servicios de rehabilitación y fisioterapia para pacientes asegurados.
El contralor Luis Ángel Montenegro dijo que si comprueban los resultados de la auditoría, podrían establecerse presunciones de responsabilidad penal y responsabilidad administrativa en contra del ex director del INSS, Martín Aguado, y la hija de Alemán, lo que puede agravarse dependiendo del impacto negativo que hayan tenido sus transacciones en el erario público.
Montenegro explicó que al ex titular del INSS también le podrían establecer presunciones penales por evasión fiscal, porque, de acuerdo al informe de auditoría, Aguado inventó una planilla ejecutiva complementaria que no sólo sirvió para pagar salarios adicionales a familiares y amigos del ex presidente Arnoldo Alemán, sino también para cubrir el Impuesto sobre la Renta de sus beneficiarios, cuyo monto se calcula en 14.3 millones de córdobas.
Alejandra Alemán Cardenal dijo a La Prensa que estos señalamientos en su contra son parte de un “chantaje político” del presidente Enrique Bolaños, y todos los servicios que prestaron al Seguro Social fueron legales y de calidad, acordes con la Ley.
Sin embargo, la Procuraduría explicó que existen varias denuncias de malos manejos en el Seguro Social y que por esta razón están investigando a fondo, para enviar a los tribunales a todos los presuntos culpables, sin importar el color político o el cargo que éstos ostenten.
La auditoría demuestra que el acuerdo directo entre Martín Aguado y la hija de Arnoldo Alemán, violentó la Ley de contrataciones del Estado, porque “no se practicó el servicio de igualdad y libre competencia, lo que significó orientación de recursos financieros del INSS en beneficio de una empresa” cuyos socios principales eran María Alejandra Alemán Cardenal, Amelia Alemán (q.e.p.d.) y Arnoldo Alemán Lacayo.
Bofeli explicó que toda la documentación sobre presuntos actos de corrupción en el Seguro Social, está siendo revisada por la Unidad de Investigación y Asesoría Legal, la que determinará quiénes son los responsables del presunto desfalco al Estado.
Explicó que la Procuraduría podría extender sus investigaciones, porque como suele suceder en estos casos, se encuentran nuevos elementos que involucran a más implicados que los que se estiman al inicio del proceso.
La Procuraduría y la Contraloría también siguen de cerca la segunda auditoría interna, realizada por el INSS, en la que se demuestra que otros 17.3 millones de córdobas fueron utilizados en contratos con personal “fantasma” que no desarrolló ningún tipo de trabajos para la institución.
