- Por embargo y aparente dación de pago, dos presuntos dueños se disputan la propiedad en San Ramón, Matagalpa
Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL /[email protected]
Graves consecuencias podrían desatarse del conflicto que, por una propiedad denominada La Amancia, sostienen dos supuestos nuevos dueños que reclaman la finca de casi 200 manzanas de extensión, ubicada en la comarca Yasica, municipio de San Ramón.
La litis fue engendrada por la Agropecuaria Renacer de San Miguel (Agresami), de los conocidos hermanos Centeno Roque, quienes poseían la finca hasta el año 2001, cuando les fue embargada la finca y por otra parte la cedieron bajo la figura jurídica de dación en pago.
Uno de los poseedores es el señor Rafael Ventura Guzmán, quien adquirió la finca por una ejecución de un juicio ejecutivo singular hipotecario, ventilado en el Juzgado de Distrito Civil de Matagalpa, cuya titular, Eveling González Betancourt, extendió escritura pública de venta judicial a favor de Ventura Guzmán, lo que consta en el protocolo del mismo juzgado. Esa escritura fue inscrita en noviembre del 2001 en el Registro Público de la Propiedad de Matagalpa con el número 2739, Asiento 11, Folios 107 y 108 del Tomo 477, columna de inscripciones, Sección de Derechos Reales.
¿DACIÓN EN PAGO?
Sin embargo, por escritura pública número 117, de dación en pago, autorizada por la notario Brenda Alvayero Rodríguez, a las 10:30 de la mañana del 10 de octubre del 2001, Saúl Centeno Roque, en nombre de Agresami, dio la finca en dación en pago hasta por un monto de seis millones 660 mil 623 córdobas con 50 centavos, a los señores Enrique Matamoros Tercero, Máximo Leonel González Chavarría y Santos Catalino Cisne Herrera, quienes aceptaron la dación.
De los aceptantes, Enrique Matamoros Tercero actuaba en su carácter personal y en representación del señor Agustín Matamoros García; Máximo Leonel González Chavarría, actuaba en nombre y representación de la Agropecuaria Alfonso Núñez Sociedad Anónima; mientras que Santos Catalino Cisne Herrera actuaba en su propio nombre y representación.
No obstante, en la escritura no aparece la firma de Saúl Centeno Roque y la misma no fue elaborada por la notario Alvayero, según consta en los folios 171 y 195 del expediente judicial número 1001 – 2002, radicado en el juzgado primero de Distrito del Crimen de Matagalpa, en los que se plasman la declaración indagatoria de la notario, rendida el 28 de octubre del año 2002 y en inspección ocular judicial, realizada por la titular de ese tribunal al protocolo de Alvayero, el 18 de noviembre del 2002.
En su declaración, Alvayero reconoce que el 25 de mayo del 2002, mientras ella convalecía por una enfermedad, se presentó a su casa la abogada Mabel Quintana, asesora de Agresami, manifestándole que necesitaba hacer una escritura.
A esa fecha, Alvayero no había entregado a la Corte Suprema de Justicia el índice de su protocolo correspondiente al año 2001, lo que permitió realizar la escritura, con fecha antedatada, el 10 de octubre del 2001. En el mismo expediente penal, rola constancia de la Dirección General de Ingresos que el número de serie correspondiente a la hoja de protocolo, en el que se elaboró la escritura de dación en pago, salió a la venta el nueve de noviembre de 2001 y no antes.
Por otro lado, mediante escritura pública autorizada por el notario Francisco González Fley, el 19 de junio del 2002, Máximo Leonel González Chavarría, Enrique Matamoros Tercero y Francisco Javier Zeledón Picado, el primero como apoderado generalísimo de Santos Catalino Cisne Herrera; el segundo en su carácter personal y como apoderado especial de Agustín Matamoros García; Zeledón Picado como presidente y apoderado generalísimo de la Agropecuaria Alfonso Núñez S.A.; utilizando la escritura librada por la notario Alvayero, vendieron la finca La Amancia al señor Justo Pastor Tórrez Flores, por la suma de cincuenta mil córdobas.
Sin embargo, Rafael Ventura Guzmán ha mantenido la posesión de la propiedad desde el mes de noviembre del 2001 y Justo Pastor Tórrez Flores demandó por inmisión en la posesión a quienes le vendieron la finca que ya estaba gravada por el embargo, debidamente inscrito el 21 de febrero del 2002 y quienes, según los trabajadores, nunca han tenido posesión de la misma.
JUEZ DEJA EN POSESIÓN AL OTRO SUPUESTO DUEÑO
En tal sentido, la tarde del jueves 20 de febrero de este año, el recién nombrado Juez Local Civil de Matagalpa, doctor Bernardo Morales, se presentó a la finca a cumplir un mandamiento de la Juez de Distrito Civil, Eveling González Betancourt, en el que le ordenaba dejar en posesión de la finca al señor Justo Pastor Tórrez Flores, otro de los supuestos dueños.
Para el abogado Carlos Baltodano Méndez, apoderado de Rafael Ventura Guzmán, el mandamiento judicial debía hacerse efectivo en contra de quienes le vendieron la finca a Tórrez Flores y no en contra de su representado, quien mantenía la posesión de La Amancia.
“Si hay un tercero poseyendo con escritura que tiene igual derecho que las otras personas que demandaron, no puede el juez ejecutarla”, refiere Baltodano.
ACUSACIONES
No obstante, el juez Morales ejecutó el mandamiento judicial y, según el abogado Leonel Araica, también apoderado de Ventura Guzmán, cometió los delitos de prevaricato y abuso de autoridad, por lo que será acusado formalmente.
Los abogados de Ventura Guzmán pidieron al recién nombrado Juez la credencial que lo acredita como tal y, sin presentarla, con el auxilio policial, cumplió con el mandamiento.
Araica y Baltodano señalan que el Juez Morales no era competente para ejecutar el mandamiento, puesto que “él es juez de Matagalpa y no de San Ramón”. Morales, por su parte, dijo: que “eso lo tienen que alegar por la vía ordinaria”.
IRRUMPEN ARMADOS DE MACHETES
Al final, lo que era un mandamiento de dejar en posesión a Tórrez Flores se convirtió en un desalojo, cuando varias decenas de trabajadores de la Agropecuaria Alfonso Núñez y del propio Tórrez Flores irrumpieron en la propiedad, armados de machetes.
Con tales antecedentes, en el Juzgado de Distrito Civil de Matagalpa se ventila el juicio que determinará a quién pertenece la propiedad objeto de la litis que podría desatar actos de violencia entre los trabajadores de cada una de las partes involucradas.
¿FRAGILIDAD?
Conflicto de la Amancia, en Matagalpa, deja al descubierto la fragilidad de la Corte Suprema de Justicia para fiscalizar el actuar de los notarios públicos, registradores públicos de la propiedad y los mismos jueces.
