Durante el apasionado debate público que se promovió la semana pasada sobre el caso de la niña nicaragüense que fue violada y embarazada en Costa Rica, LA PRENSA no quiso pronunciarse por considerar que esa delicada y trágica situación personal y familiar debía tratarse y resolverse de manera discreta y respetuosa a la dignidad de la víctima y de sus padres.
En realidad, resulta una hipocresía ocultar la identidad de la niña violada y embarazada, tras el convencional pseudónimo de “Rosa”, y al mismo tiempo hacer de su tragedia personal y del drama familiar una bandera de luchas y obsesiones ideológicas.
Es comprensible que una mujer que resulta embarazada como consecuencia de una violación, no quiera alumbrar al ser humano que le engendraron en su vientre contra su voluntad. Y sobre todo si, como en este caso, la víctima es una niña. Pero también son muchos los casos de mujeres que quedaron embarazadas despues de una violación, y que aceptaron esa situación por considerar que el nuevo ser era ante todo su propio fruto y le prodigaron todo su amor y las atenciones que se merece un ser humano y un hijo en particular.
En todo caso, la actitud de la embarazada forzosa depende de sus principios éticos, convicciones morales, creencias religiosas, y en consecuencia del concepto acerca de la vida humana que tengan ella y las personas envueltas en esa situacion.
Pero la verdad es que que el nuevo ser que se gesta en las entrañas de la mujer o niña violada, no tiene ninguna culpa de las circunstancias en que fue engendrado, y tiene derecho absoluto, o sea incondicional e irrestricto, que se le garantice su derecho a la vida.
La definición de este complejo problema depende del concepto que se tenga sobre en qué momento comienza la vida y del valor que se le confiera a ésta. O sea, si se cree que la vida humana es el don de un ser superior, de Dios, o si se considera que es una simple consecuencia de procesos naturales, fundamentalmente químicos, de cuerpos proteínicos que experimentan continuos intercambios metabólicos con el medio externo en que se desenvuelven.
Pero cualquiera que sea la concepcion filosófica que tiene cada persona sobre el origen y el valor de la vida humana, el problema del aborto debe ser desmitificado mediante una amplia discusión pública. Y precisamente porque es un problema delicado y complejo que tiene filosas aristas sociales psicológicas, médicas, religiosas y éticas, el debate se debe plantear en forma seria, serena y profesional, y no sobre una persona en particular a la que más bien se le ultraja al convertirla en bandera de posiciones y pasiones políticas e ideológicas.
Cada quien tiene derecho a creer lo que mejor le parezca con respecto al origen, la naturaleza y el sentido de la vida humana, y a expresar libremente sus creencias sin que sea molestado por eso. Pero nadie debe tratar de imponer a los demás sus propias opiniones, y todos debemos respetar lo que establecen la Constitucion y la Ley con respecto al derecho a la vida y sobre el aborto, que es un grave delito salvo que sea practicado por razones terapéuticas o clínicas, es decir, por estar la madre y/o el niño por nacer en inminente peligro de muerte.
La Constitucion garantiza (artículo 23) que “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana”. Por su parte el Código de la Niñez y la Adolescencia manda (artículo 9) a “tomar en cuenta como principio primordial, el interés superior de la niña, el niño y el adolescente”. Y el Código Penal establece (artículo 165) como única excepción no penalizada del aborto, cuando sea indispensable practicarlo por razones terapéuticas o clínicas.
De manera que es necesario preguntarse si fueron respetadas esas disposiciones legales en el aborto, que de manera cuasi clandestina, al filo de la medianoche, le practicaron a Rosa.
Las autoridades deben investigar y esclarecer este asunto para deslindar responsabilidades, verificar si se actuó o no conforme a la Ley, y si fuera el caso, enjuiciar a quienes actuaron contra ella.
