Noel J. Sacasa C.
Agradezco al licenciado Eduardo Enríquez la oportunidad que me brinda para iniciar un diálogo esclarecedor en beneficio del interés público, con la publicación de su artículo titulado “Demasiado sigilo”, en la columna “Blanco y Negro” del 15 de febrero del corriente año.
Quisiera referirme primero a la aseveración que hace el licenciado Enríquez, de que le “parece demasiado sigiloso” que yo me “haya guardado la carta de Padilla (en la cual me informa de los accionistas y directores de Fininsa) durante tres años. “Dicha carta se recibió en mi despacho en enero del 2000, como parte de una información rutinaria y mucho antes que comenzáramos a tener preocupaciones sobre Interbank. Creo que no es nada sorprendente que yo no haya tenido esa carta ni su contenido registrados en mi memoria; desde que se recibió la carta referida del Sr. Padilla, he recibido más de 12,000 cartas.
No recuerdo que Fininsa haya vuelto a ser mencionada en la correspondencia que recibo, sino hasta el 7 de noviembre del 2002, en un informe de auditoría interna de la Junta Liquidadora de Interbank. Por considerarlo de posible interés para las autoridades responsables de investigar los casos de quiebras bancarias al día siguiente remití copia de dicho informe al procurador y al fiscal.
Desde que recibí la carta del señor Padilla en enero del 2000, yo no he sido recordado de su existencia sino en el contexto de las recientes publicaciones que ha venido haciendo LA PRENSA sobre este tema. De nuevo —como se lo dije al periodista Jorge Loáisiga sin secreto—, por considerar dicha carta del interés de las autoridades competentes, procedí a remitir copia de la misma al procurador y al fiscal.
Aquí cabe aclarar una posible confusión: la Superintendencia no tiene facultad ni responsabilidad para investigar potenciales responsabilidades personales en relación con los bancos quebrados —lo cual compete a la Fiscalía General de la República y a la Policía— ni para hacer las correspondientes acusaciones o demandas —lo cual es responsabilidad del fiscal—, del Procurador General de la República y de las Juntas Administradoras y Liquidadoras, a quienes yo no he dejado de recordar su deber. En cada uno de los casos de bancos que han sido intervenidos o llevados a liquidación, yo he venido poniendo en conocimiento del Procurador y —a partir de su nombramiento— del fiscal toda información que ha venido siendo de mi conocimiento y que he considerado relevante para la determinación de responsabilidades. Corresponde a dicha autoridades, cuando lo estimen necesario para profundizar o ampliar las indagaciones, solicitar a la Superintendencia su colaboración, la cual nunca hemos dejado de brindar.
Debe quedar claro que, una vez que los casos han sido puestos en manos de las autoridades responsables de investigar, la atención de la Superintendencia debe, por mandato legal, concentrarse de nuevo en su tarea propia, que es supervisar a las instituciones financieras que continúan operando en forma normal, a fin de velar por el dinero de los depositantes. El superintendente está para cuidar la salud de los bancos vivos; no es un forense para hacer autopsias de los muertos.
En cuanto a si es cierto que “nos desvalijaron más de 500 millones de dólares bajo mis propias narices”, una respuesta seria requiere más espacio que el de una columna de opinión. Insto al señor Enríquez y al público a que lean con detenimiento los capítulos correspondientes de mis informes de gestión a la Asamblea Nacional de los años 2000 y 2001 (asequibles a través de la página de internet de la SIB: www.siboif.gob.ni). Más aún, invito al señor Enríquez y al equipo de análisis de LA PRENSA a una discusión franca y abierta, amplia y profunda, de todo el tema de las quiebras bancarias con los que, en la Superintendencia, hemos venido esforzándonos por hacer un trabajo profesional e imparcial con considerables riesgos personales. Creo que el tema es lo suficientemente importante como para que LA PRENSA se asegure de tener la información completa, y no deje que el público sea confundido por versiones que, a veces, parecen estar motivadas por el interés de los verdaderos responsables de las quiebras bancarias, de desviar la atención.
El autor es Superintendente de Bancos.
