Los violentos sucesos que ocurrieron en La Paz, Bolivia, el 12 y 13 de febrero corrientes, que produjeron 32 muertos, entre ellos diez policías, dejaron valiosas enseñanzas para toda Latinoamérica y para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en particular.
El detonante de esos sangrientos acontecimientos fue el gravamen del 12.5 por ciento a los salarios de la burocracia estatal, incluyendo congresistas y agentes del orden público. El objetivo de esta medida gubernamental era reducir el déficit fiscal, del 9 por ciento a un 5 por ciento, por indicaciones del FMI, a fin que Bolivia pudiera calificar para la HIPC.
Ese desbalance presupuestario venía arrastrándose desde la primera administración del presidente Sánchez de Lozada (entre 1993 y 1997), cuyo gobierno asumió el pago de las jubilaciones, dada la insolvencia del Seguro Social.
Como respuesta al drástico impuesto a los sueldos del sector público, los afectados protagonizaron incendios y pillajes para demandar la anulación de la medida del Gobierno y la remoción del Presidente, quien fue electo hace apenas siete meses.
Ante el sangriento estallido popular el gobernante anuló el tributo excepcional, renunció a su salario de Presidente de la República y despidió a los miembros del Gabinete. Además, envió urgentemente a Washington al ministro Justiniano a conseguir del FMI que aceptase un mayor plazo para enjugar al déficit fiscal.
Lo más preocupante de este trágico episodio es que además de producirse el amotinamiento de los policías, se puso en peligro la democracia que, aunque de tipo muy curioso, Bolivia mantiene desde hace 24 años. Nos referimos a que ninguno de los presidentes de aquel período alcanzó mayoría absoluta en la primera vuelta electoral y tuvieron que ser electos por el Parlamento. Eso les obligó a negociar insólitas coaliciones como la de 1989 entre Hugo Banzer (ex dictador derechista) y Jaime Paz Zamora (líder izquierdista) para poder ganar la Presidencia de la República.
En la actualidad, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido derechista moderado que llevó como candidato al actual presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sólo consiguió 47 diputados, faltándole 31 para alcanzar la mayoría absoluta. Por ello negoció con el izquierdista MIR y otros pequeños partidos para completar los votos que asegurasen su elección.
El objetivo de esa insólita alianza fue evitar la escogencia del político populista y cocalero Edo Morales, quien llegó de tercero en la última justa comicial.
En todo caso el arreglo coyuntural Sánchez-Paz se convirtió en un “Acuerdo Patriótico” que, según los políticos pactantes, persigue los objetivos de disminuir los altos niveles de miseria y erradicar la corrupción entre los funcionarios públicos. En estos momentos, esa entente de signos ideológicos contrarios ha podido superar la crisis interna, desencadenada por la repartición de cuotas de poder.
A todo esto, la Confederación Obrera Boliviana (COB), junto al líder cocalero Edo Morales, convocó a una huelga general insistiendo en la renuncia o destitución del presidente Sánchez de Lozada. No obstante las tensiones disminuyeron al saberse que el ministro Justiniano consiguió el visto-bueno del Fondo Monetario Internacional para que el déficit fuese reducido a mayor plazo y se reelaborase el Presupuesto Nacional.
Todas esas combinaciones hechas bajo la presión que se vive en Bolivia, inducen asociarlas con el caso nicaragüense en el presente. Aquí el gobierno recurrió a acomodos y esguinces jurídico-políticos para lograr que la nueva edición del Presupuesto Nacional, anteriormente redistribuido con ánimo populista por la Asamblea, fuese finalmente aprobado en su segunda versión, buscando la aprobación del FMI y acceder a la HIPC.
En ambos casos, el de Bolivia y el de Nicaragua, la manzana de la discordia es un gasto fiscal inflado que no puede cubrirse con los ingresos que obtiene el erario, que está al tope de su capacidad de colectar impuestos. A pesar de ello surgen sectores que exigen privilegios, como la comunidad universitaria, diputados y altos funcionarios públicos, algunos con doble salario.
Para lograr la gobernabilidad de Nicaragua todo dependerá de la disciplina y el patriotismo de la clase política, así como de la flexibilidad del FMI, en la visita que le harán el presidente Bolaños y sus asesores, si es que el controversial organismo financiero internacional aprendió la reciente lección boliviana.
