Marco A. Valle Martí[email protected]
Hace poco menos de dos semanas, la Policía de Managua y los ministerios de Educación, Salud, de la Familia, Medioambiente y, la Alcaldía de Managua, analizaron los principales problemas de seguridad ciudadana que aquejan a la capital, al mismo tiempo que intercambiaron ideas alrededor de la articulación de esfuerzos para contenerlos mancomunadamente.
Igualmente, la semana pasada, la institución policial abordó la misma agenda con los alcaldes de los municipios del departamento, estudiando las dificultades de cada uno, así como las vías para su contención.
Los problemas principales de la capital son robos, pandillas, accidentalidad de tránsito, drogas, violencia intrafamiliar y sexual y, abigeato. Éstos también se repiten en los municipios, independientemente de su lugar de importancia en cada localidad, sumándose los conflictos de propiedad que amenazan la paz en esos lugares.
Es una buena señal que se coordinen las diversas instituciones que tienen relación estrecha con estos asuntos, puesto que la violencia, el delito y la delincuencia son problemas sociales cuya investigación e intervención exige trabajar con una visión probabilística, flexible y multidimensional. Visto de otra manera, ni responden a la simple relación causa-efecto, ni incumben sólo a lo policial, ni sólo a salud, educación, familia, alcaldías, etc, sino abordarse investigando los factores asociados a su producción, por ejemplo en el caso de la violencia juvenil, lesiones, consumo de drogas ilícitas, robos, etc.
Y decimos que es buena señal ya que dicha instituciones —Gobierno Central y alcaldías— tienen múltiples proyectos, que examinarán en conjunto para luego decidir cuáles se ajustan y pueden articularse en función de impulsar tareas propias de seguridad ciudadana. Los organismos judiciales —y la sociedad civil— tienen reservado un rol importante que jugar en este universo.
Por su lado, la empresa privada es otro actor que al que conviene dinamizar su participación, puesto que poco a poco está siendo afectada directamente por la inseguridad actual. En el 2002, cada 3.3 días una empresa sufrió un robo con intimidación, o sea hubo 110 robos en el año, ya sea en las oficinas, o a colectores o a camiones repartidores, utilizándose en la mayoría armas de fuego y, ocurriendo casi siempre en horas de la tarde, o hacia el mediodía. Si se descuidan, ya no serán 3.3 sino que crecerán los robos diarios y, de repente pueden subir en peligrosidad para la vida de empresarios(as) y su personal, lo mismo que en pérdidas financieras, ya que un sector de la delincuencia está refinando sus métodos, acorde a los cambios que acontecen en el mundo.
En ese sentido, este paso que han dado la Policía, instituciones del Gobierno Central y las alcaldías, vale la pena que se extienda a otros actores, lo que permitirá que gradualmente se vayan ejecutando simultáneamente acciones a distintos niveles y territorios, trayendo consigo ganancia para la sociedad.
Finalmente, este ejercicio de coordinación interinstitucional abona a la gobernabilidad democrática, tanto en materia de seguridad ciudadana como a nivel general, puesto que ese proceso de intercambio de opiniones, información, posiciones ante determinada situación, así como de conciliación de lo particular con lo general y, arribo a consensos productivos, fortalece las redes sociales e institucionales y paralelamente coadyuva a la construcción de una cultura democrática que tanta falta hace en el país.
El autor es consultor en seguridad ciudadana.
