William Briones Loáisiga [email protected]
La Comisión Especial para el Desafuero por solicitud de judiciales, de la Asamblea Nacional, iniciará la próxima semana el proceso para determinar si amerita el desafuero de 24 diputados y funcionarios públicos, quienes afrontan acusaciones porque supuestamente cometieron diversos delitos, entre ellos el Presidente del Parlamento, Jaime Cuadra Somarriba.
Orlando Tardencilla, quien preside esa comisión especial, explicó que el miércoles de la próxima semana sesionará dicha comisión, para iniciar el trámite de desafuero que dura exactamente 47 días, de manera que se pronunciarían aceptando o rechazando el desafuero, el ocho de abril próximo.
“La comisión va a conocer de unos 24 casos dentro de los que destacan prácticamente todo el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) del PLC (Partido Liberal Constitucionalista), excepto Agustín Alemán y Eduardo Montealegre. También va a conocer solicitudes contra (los diputados arnoldistas) Marco Aurelio Sánchez, Haydée Osuna, Miriam Fonseca y Eliseo Núñez Morales, así como el Fiscal General (de la República) Julio Centeno Gómez, el Presidente de la Asamblea Nacional (Jaime Cuadra) y el diputado Augusto Valle (Presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación del Parlamento)”, detalló.
“En el caso del diputado suplente Eliseo Núñez Morales, se le acusa de supuesta sustracción de documentos públicos, en (la Dirección General de) Aduanas. La acusación la interpone un funcionario de esa institución”, aseguró.
Tardencilla confirmó que tres diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), figuran entre los candidatos al desafuero, a pesar de una reciente resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que pretendió revertir una decisión similar tomada por el Legislativo nicaragüense, con el diputado Arnoldo Alemán.
“Son aproximadamente 24 ciudadanos, que incluye además a tres diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen): Fabio Gadea Mantilla, Leopoldo Navarro y Donald Spencer. En el caso de Leopoldo Navarro y Fabio Gadea, por delitos electorales, en tanto con Spencer se trata de delitos económicos relacionados a estafa y otras figuras delictivas”, indicó Tardencilla.
“El mismo tratamiento que se le dio a la diputada Marta McCoy. La Asamblea Nacional es muy clara en el artículo 138, numeral 24 que señala que le corresponde a la Asamblea Nacional conocer, tramitar y resolver sobre la solicitud de privación de inmunidad, contra los funcionarios que gozan de ellas”, aclaró.
El legislador dijo que el Presidente del Legislativo, Jaime Cuadra, debe continuar en su puesto mientras la comisión determina si hay mérito para despojarlo de su inmunidad por supuestos delitos electorales.
Tardencilla explicó que de la labor que esta misma comisión realizó el año pasado, faltan porque el Plenario conozca únicamente los casos de las diputadas María Dolores Alemán, hija del diputado Arnoldo Alemán y Marta McCoy, diputada ante el Parlacen.
