- LA PRENSA presenta el plan que habría esclarecido el misterio de las armas nicas en Colombia, pero que se cayó por una filtración
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El seis de febrero de 2002, luego que la prensa colombiana diera a conocer el desvío de armas de Nicaragua a paramilitares colombianos a través de una supuesta operación de permuta entre las policías de Nicaragua y Panamá, cuatro hombres se reunieron para ejecutar la llamada “Operación Triángulo”.
Las armas de guerra nicaragüenses fueron a parar a grupos irregulares de derecha llamados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los traficantes usaron una supuesta permuta en la que la Policía de Nicaragua intercambiaría fusiles AK por pistolas Jericó y subametralladoras Uzi, con la Policía de Panamá.
La misión encomendada a estos hombres por sus respectivos gobiernos era echar a andar la operación cuyos resultados serían capturar a los traficantes de armas que habían burlado los servicios de inteligencia y seguridad de los países involucrados.
Estos hombres eran el teniente coronel Wilson Laverde, Jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional de Colombia; el mayor Francisco León Rodríguez, Jefe del Departamento de Contra Inteligencia (Did) del Ejército de Nicaragua; el licenciado Elmer E. Acuña del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional de la República de Panamá; y el subcomisionado Arnulfo Escobar, de la Policía Nacional de Panamá.
Sin embargo, la operación se frustró porque los traficantes fueron alertados. Según el informe de la Organización de Estados Americanos que investigó el caso, el general Roberto Calderón, entonces Inspector General del Ejército de Nicaragua, quien había participado en las negociaciones del embarque de armas que fue a parar a Colombia, habría revelado la operación a Ori Zoller, representante de la empresa Grupo de Representaciones Internacionales (GIRSA), sociedad guatemalteca involucrada en el tráfico de armas de Nicaragua a Colombia. El informe de la OEA basa su afirmación en una entrevista que los investigadores realizaron a Zoller.
Aunque el general de Ejército Javier Carrión señaló el pasado miércoles ante los medios de comunicación que la operación fue abortada porque Panamá “comenzó a filtrar la operación de inteligencia” y no porque Calderón haya informado a Zoller sobre las pesquisas.
El documento firmado por estos cuatro hombres clasificado como “confidencial”, se denominaba “Propuesta de Trabajo Para el Desarrollo de la Operación Triángulo”, y consta de seis hojas que ahora están contenidas en las páginas que van de la 302 a la 307 del Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el desvío de armas nicaragüenses a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Los Servicios de Inteligencia de nuestros respectivos países han detectado que empresas comerciales plenamente identificadas y establecidas en la Región Centroamericana, aparentemente coludidas con empresas Navieras y Operadoras de Barcos Mercantes, han realizado una operación fraudulenta de compra-venta de armas utilizando métodos delictivos típicos del Crimen Organizado”, dice la parte introductoria del documento en poder de LA PRENSA.
“Dado que las armas adquiridas mediante engaño en Nicaragua y presuntamente enviadas a las autoridades de Panamá, y que al parecer han sido desviadas hacia Colombia y destinadas a grupos irregulares al margen de la ley, los países afectados, de común acuerdo, y debidamente autorizados por nuestros respectivos gobiernos han decidido desarrollar una Operación de Inteligencia denominada Operación Triángulo”, precisa el confidencia documento.
Laverde, León Rodríguez, Acuña y Escobar, se propusieron cuatro objetivos fundamentales en el desarrollo de la operación: “Impedir que las armas sean utilizadas por grupos terroristas en territorio colombiano; establecer el paradero actual del armamento para su ocupación; ocupar y decomisar los distintos recursos y capacidades legales e ilegales, utilizadas por la empresas y grupos delictivos involucrados en la operación fraudulenta de compra-venta de las armas; capturar a los componente de esta red delictiva, y golpear de forma contundente a las agrupaciones terroristas que estarían acopiando dichas armas.
IDEA DE MANIOBRA
La “Operación Triángulo” se concibió tomando como base el hecho de que las empresas involucradas en la compra-venta de armas habían formulado un nuevo pedido de armas a las autoridades de Nicaragua, utilizando siempre como pretexto que dicho armamento sería destinado a las autoridades panameñas.
Esta solicitud permitió a los oficiales de inteligencia de Colombia, Nicaragua y Panamá, que elaboraron el plan de la operación, formularse la hipótesis de que este segundo envío de armas también sería entregado a grupos terroristas colombianos y, por ende, los traficantes de armas utilizarían el mismo procedimiento, el mismo barco mercante, la misma ruta marítima, y es probable que el mismo puerto de destino.
En ese sentido se acordó que el Servicio de Inteligencia de Nicaragua, al mando del mayor Francisco León Rodríguez, Jefe del Departamento de Contra Inteligencia del Ejército de Nicaragua, asumiría el control pleno de las transacciones que se realizaban en ese momento con los “empresarios” encargados de negociar la segunda compra de armas.
“Las autoridades de Nicaragua documentarán con fines identificativos y como prueba instrumental para juicios criminales posteriores, a las personas y empresas nacionales y extranjeras que se involucren en la compra de armas”, señala el plan.
DISPOSITIVOS DE ALTA TECNOLOGÌA
Según el orden de seguimiento del plan una vez realizada la transacción, las autoridades de Nicaragua procederían de forma natural a poner en puerto el armamento vendido para que los compradores realizaran normalmente sus gestiones o trámites para la exportación, cargue y embarque de las armas.
“El Servicio de Inteligencia de Nicaragua con el Servicio de Inteligencia norteamericano, garantizarán que los container en que se embarquen las armas, cuenten con un dispositivo de emisión de señales, que permita su posterior seguimiento y control permanente, desde su salida de aguas jurisdiccionales nicaragüenses”, precisa el inciso “d” de la “Operación Triángulo”.
En otros de sus puntos indica que “el servicio de inteligencia norteamericano, deberá garantizar la disponibilidad de equipos de control que permitan dar seguimiento a la señal que se emita electrónicamente desde los dispositivos de emisión de señales que se instalen en los containers”.
Según el plan, estos equipos podrían ser aéreos, marítimos o terrestres, los que podrían ubicarse en puntos alternos a lo largo de la franja costera del Mar Caribe, desde Nicaragua Panamá y Colombia.
Además, el Servicio de Inteligencia de Nicaragua estaba obligado a informar diariamente a los Servicios de Inteligencia de Panamá, Colombia y Estados Unidos del desarrollo de la Operación.
SEGUNDA VARIANTE
Laverde, León Rodríguez, Acuña y Escobar también decidieron desarrollar una segunda variante a aplicar en la operación, tomando en cuenta la posibilidad de que el Servicio de Inteligencia norteamericano planteara la imposibilidad técnica de aplicar equipos de emisión de señales, o bien que no se estuviera en capacidad de garantizar a plenitud el control de la embarcación, una vez que la misma saliera de Nicaragua con el segundo lote de armas.
Esa segunda variante señalaba que el servicio de inteligencia de Nicaragua continuaría desarrollando la transacción con los compradores de manera normal y entregaría las armas en el puerto del Caribe que estos utilizaron en la primera transacción: el Puerto del Bluff.
Las autoridades de Nicaragua, igual que en la anterior negociación, aceptarían como legítima la documentación que los compradores presentarían.
“El propósito de aceptar dicha documentación, es con el ánimo de documentar las irregularidades y falsedades en que incurran, de forma que permita su posterior utilización con fines jurídicos”, dice el documento.
“Una vez que la embarcación, ya con las armas a bordo, zarpe del puerto nicaragüense, antes de salir a alta mar, será interceptado por la Fuerza Naval de Nicaragua y obligado a regresar a puerto, donde permanecerá bajo custodia de las autoridades nicaragüenses, sometiendo dicha embarcación a un registro somero de la documentación existente a bordo y de su bitácora”, explica el documento.
Simultáneamente, se procedería en Managua a la captura de los “empresarios” encargados de la transacción.
El plan señala que “los encargados de la transacción, la tripulación de la embarcación y especialmente el Capitán de la nave serían sometidos a interrogatorios intensivos, para determinar el lugar donde desembarcaron las primeras armas, a quién se les entregó dicho cargamento y todo lo relacionado con la operación, con el fin de puntualizar la ubicación actual de dicho armamento”.
“Para efectos de golpear a la red completa, los Servicios de Inteligencia de Colombia y Panamá, por medio de sus delegados, tendrán acceso inmediato a los resultados del proceso de instrucción, con el propósito de agilizar el intercambio de información y la adopción de las medidas operativas que se estimen pertinentes y necesarias realizar en sus respectivos países”, relata el documento.
“Preventivamente, las autoridades de Panamá y Colombia mantendrán control de aquellas personas y empresas relacionadas en la investigación de esta actividad delictiva, previendo la captura de las mismas y el allanamiento de los locales que ocupen, así como el congelamiento de las cuentas bancarias que posean en cada país”, agrega el informe.
Además, se dejó claro que los países involucrados en la “Operación Triángulo”, solicitarían apoyo a los Servicios de Inteligencia de México y Guatemala, para la aplicación de medidas investigativas y operativas, sobre personas y empresas relacionadas con los hechos que estaban en investigación.
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