- La posición de la iglesia es que hay que preservar la vida y evitar el aborto terapéutico
- Familia está decidida a apoyar a la pequeña y confían en Dios que todo saldrá bien
Elí Josué Bravo CanoCORRESPONSAL LA [email protected]
TURRIALBA Y SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El embarazo producto de una violación de una niña nicaragüense de nueve años de edad, en Costa Rica, ha generado una fuerte controversia en ese país.
Hace tres semanas, una pareja de nicaragüenses residentes en Costa Rica llevó a su hija al hospital William Allen, de Turrialba, para que los médicos la examinaran sobre una supuesta anemia que la aquejaba.
Ellos se sentían preocupados porque la pequeña ingería poco alimento y dormía demasiado. Tras diversos exámenes aplicados por médicos especialistas se determinó que la niña tenía tres meses de gestación, por lo que de inmediato fue internada en el centro hospitalario.
Los padres de la infante manifiestan que este embarazo es producto de una violación que la chiquita sufrió hace aproximadamente tres meses. El presunto autor del abuso sexual es Alexander Barquero Cascante, un costarricense de 20 años, que se gana la vida como peón agrícola.
Los padres recuerdan que en ese momento, mientras su hija iba a pedir unos fósforos a casa de unos vecinos, Alexander la tomó de los brazos y la introdujo a la fuerza hacia el interior de su casa situada en La Suiza de Turrialba, donde presuntamente cometió el abuso.
“La niña dice que él la agarró de la mano, le tapó la boca y la metió al cuarto para abusarla”, asegura el padre de la menor.
NIÑA LO INCULPA, PERO JUEZ LO DEJA LIBRE
En declaraciones brindadas ante la Fiscalía de Turrialba, la menor acusó a Barquero Cascante de haberla violado. Tomando como base un informe preliminar elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Corte solicitó prisión preventiva en contra del sospechoso.
Pese a la petición, el juez local lo dejó en libertad condicional al considerar que lo explicado por la menor, no tenía suficientes fundamentos en contra del costarricense.
El judicial le impuso medidas cautelares como la de estar firmando documentos judiciales cada ocho días, no salir del país y alejarse de la habitación de la víctima y sus familiares.
“SOY INOCENTE”
Mientras las investigaciones de las autoridades judiciales continúan, Barquero Cascante afirma categóricamente que es inocente y “que todo este problema es una equivocación”.
“Yo no he tenido nada con ella, no la he encerrado en un cuarto como ella ha dicho. Soy inocente. Me gustaría que la Policía investigara hasta donde quiera. Yo también estoy dispuesto a ser investigado, ella cuando venía por acá venía acompañada de un familiar o sus padres”, expresó el sospechoso.
Alexander teme que tras “esta equivocación”, los padres de la pequeña puedan tomar represalias contra él. “Por eso estoy dispuesto a ser investigado. He oído rumores de que su papá quiere vengarse”, advirtió.
Por su parte, Francisco Fletes, padre de la menor, explicó vivir angustiado tras esa presunta violación, incluso en días anteriores se propuso “vengar la sangre de mi hija con mis propias manos”.
Ahora ha cambiado de opinión y no quiere que Alexander sea encarcelado, sino que se declare culpable y cumpla sus obligaciones como padre. “Lo que queremos es que se haga responsable para criar al hijo”, agrega.
POLÉMICA
Este embarazo es un dilema para los médicos del Hospital William Allen, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud, porque a su corta edad esta futura madre junto a su hijo podría tener graves consecuencias físicas y psicológicas.
La controversia en torno a este caso insólito para la sociedad costarricense, se acrecentó a inicios de semana cuando un medio de comunicación local debatió sobre la posibilidad de que se le practicara un aborto terapéutico a la menor para salvarle la vida, lo que provocó el disgusto de los padres, instituciones médicas y la Conferencia Episcopal.
Eliseo Vargas, Presidente de la CCSS, negó la posibilidad de que a la niña se le aplique un aborto terapéutico. Dijo que esperan que ella pueda reaccionar normalmente a este embarazo anticipado.
El aborto terapéutico es permitido por el Código Penal costarricense si se demuestra que la vida de la madre corre peligro. Para ello se establece un máximo de tres meses para que sea aplicado. En este caso, la embarazada ya sobrepasa las 12 semanas de gestación, por lo que tal disposición es inadmisible.
“Estamos dispuestos a lo que venga. Estamos para proteger a nuestra hija y criar a como sea. Casi estamos ilusionados con el nacimiento. Los médicos hablan de que todo esto puede durar varios meses, pero nosotros estamos dispuestos a ayudarla, en lo que sea necesario”, comentó Fletes.
POSICIÓN DE LA IGLESIA
Por medio de un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal se solidarizó con los familiares de la niña afectada. A la vez condenó el abuso sexual de la que fue víctima e instó a las autoridades médicas a respetar la vida humana en caso de aplicarle un aborto.
“La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el creador, su único fin. Sólo Dios es señor de la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano”, reza parte del documento.
“Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo o permitirlo”, agrega.
Vargas informó a LA PRENSA que la tarde de anteayer la niña fue trasladada del hospital William Allen, de Turrialba, hasta el Rafael Ángel Calderón, en San José, para que especialistas valoren su estado físico o psicológico.
PRESERVAR LA VIDA
“Lo que a nosotros nos corresponde es preservar la vida de la madre y el feto. Está en condiciones de salud estable y en cuanto lo psicológico existen especialistas del hospital que también la están tratando. Los médicos valorarán si se traslada nuevamente hacia Turrialba”, expuso el comunicado de la Conferencia Episcopal.