- Aun están en revisión 7,102 propiedades en reclamo, que equivalen a 8,310 millones de córdobas
José Adán Silva [email protected]
“Hasta me duele la mano al firmar indemnizaciones para el pago de propiedades confiscadas”, expresó ayer el procurador Francisco Fiallos, al referirse a la deuda millonaria que afecta al Estado nicaragüense por el pago de propiedades confiscadas por los sandinistas en los años 80 y durante la transición de 1990.
En un reportaje publicado por El Diario LA PRENSA ayer, se señaló que el Banco Central ha pagado casi mil millones de dólares para saldar las indemnizaciones que el Estado nicaragüense asumió como propias, al darse la transición democrática en el año 1990.
Fiallos confirmó que, tal como lo señala un informe de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, aún falta un total de 8,310 millones de córdobas para pagar las propiedades a 7,488 reclamantes, lo cual equivale a una deuda de 536.4 millones de dólares que deberán pagarse en los próximos años.
Pero no sólo confirmó la información, sino que también reveló que hasta junio de 2002 aún quedaban 14,767 propiedades listas para ser indemnizadas, mientras que había pendientes de resolución otros 7,102 casos que se están revisando para posibles pagos.
Esos pagos se hacen con Bonos para el Pago de Indemnizaciones del Banco Central de Nicaragua, mediante una resolución de la Procuraduría de la Propiedad, donde Fiallos firma cada una de las resoluciones.
“Sí, me duele, claro, ¿pero qué puedo hacer? Es un mandato de Ley y debe cumplirse, no queda de otra que seguir pagando esa deuda que sale de los bolsillos suyos, míos y de todos”, dijo Fiallos.
La cantidad de más de 950 millones de dólares que el Estado ha pagado para saldar esa deuda, heredada desde 1990, representa el 55 por ciento del total de una deuda interna de 1,700 millones de dólares que agobia al país.
Según un informe de la Procuraduría de la Propiedad, denominado “Resumen de la Situación de Reclamantes y Bienes Reclamados”, en 1,500 millones de dólares se calculó el precio de todas las propiedades confiscadas por los sandinistas.
