María Antonia López [email protected]
La suspensión para la aplicación del Impuesto por la Soberanía que Nicaragua cobra por la introducción de productos hondureños a este país, continúa siendo promovido por los empresarios de ambos países, sin embargo, la parte catracha persiste en amenazar con tomar medidas similares o más duras en los próximos días.
Anastasio Somarriba, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), recordó que la semana pasada conversó con su homólogo hondureño Jacobo Regalado, quien le expresaba la inquietud del sector y los daños económicos que, desde diciembre de 1999, les ha causado el cobro de 35 por ciento de arancel a sus exportaciones.
De igual manera, relató que en Honduras circuló la versión sobre un posible encuentro vía teleconferencia entre los presidentes parlamentarios de ambos países, donde se abordaría el tema, sin embargo, la misma no fue realizada.
Somarriba dijo que tanto el Cosep como el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), y otros, se han pronunciado sobre la necesidad de suspender el cobro del impuesto, dado que ya se reunió la cantidad de fondos necesarios para llevar el juicio en la Corte Internacional de La Haya.
Dicho juicio se deriva de la controversia limítrofe de Nicaragua desde que Honduras ratificara la firma del Tratado Ramírez-López, con Colombia, lo cual implica cercenar parte de la plataforma marítima caribeña nicaragüense.
El empresario destacó que parte de las represalias hondureñas hacia Nicaragua iniciarían con el aumento en el precio del flete de carga que llegue a Puerto Cortés, tomando en cuenta que ese puerto es el más utilizado para las exportaciones nacionales dada la insuficiencia de infraestructura en la zona Caribe nicaragüense.
