- Según el fiscal Julio Centeno, de la entrevista que realizaran a Yelinek, “casi llegamos a la conclusión que si hubo delito, fue en alta mar, no en territorio nicaragüense”
José Adán Silva [email protected]
La Fiscalía General de la República adelantó ayer que hasta el momento no han encontrado delito alguno cometido por autoridades nicaragüenses, dentro del territorio nacional, en el caso de la permuta de armas que terminaron en poder de paramilitares colombianos.
La información preliminar dada a conocer por el fiscal Julio Centeno Gómez, luego de obtener el reporte de una entrevista que este fin de semana le hizo al empresario israelí Shimon Yelinek, el comisionado de la Policía Nacional Julio González, en presencia de la fiscal departamental María del Carmen Solórzano.
Yelinek se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la Dirección de Investigación e Información (DIIP), de la Policía Nacional de Panamá, desde el 21 de noviembre del año pasado, cuando fue retenido en el aeropuerto de Panamá al regresar de Israel para responder por su presunta participación en el trasiego de armas que salieron de Nicaragua y terminaron en manos de paramilitares colombianos.
En horas de la tarde la fiscal general adjunta María Lourdes Bolaños, expresó que, a su juicio, Nicaragua ha actuado correctamente en el caso de la permuta de las armas, y que hay gente en Panamá que envió documentos oficiales con firmas y sellos falsificados.
“Nicaragua ha actuado transparentemente, hay documentos en Nicaragua, hay autoridades que responden. La famosa nota (de compra) salió de Panamá, pero nadie asume quién la envió. La nota la enviaron a Oris Zoller, de Panamá”, dijo Bolaños.
Según la fiscal adjunta, Yelinek responsabiliza a Zoller de la organización de la transacción de venta y niega relación alguna con el destino final de las armas.
Según Bolaños, el testimonio de Yelinek, en el sentido de que no realizó la transacción, desvirtúa el informe de la Organización de Estados Americanos, donde según ella, se establece que el israelí (que no fue entrevistado por la OEA) realizó la transacción.
Para el fiscal general Julio Centeno, “fue una visita exitosa. Se lograron reunir con el señor Yelinek y con bastante personal de la Policía Nacional de Panamá, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Obtuvieron bastante información que se está verificando y procesando. Eso es una cuestión privada y hay que tener mucha cautela”, explicó.
“Para nuestro país fue muy importante. Lo que puedo adelantar es que (Yelinek) niega todo, y es muy positivo con respecto a la cuestión de nuestro país y de la mala interpretación que se ha hecho de las autoridades de Nicaragua. Creo que todo está muy bien”, insistió.
“SI HUBO DELITO, NO FUE EN NICARAGUA”
Centeno no descarta que durante la transacción de armas nicaragüenses hacia Panamá, se haya producido un ilícito pero en alta mar, lo que exoneraría de supuesta negligencia a las autoridades nacionales.
Centeno dijo que “a simple vista” las autoridades nicaragüenses no han cometido delito alguno en territorio nacional en este escándalo.
La información preliminar de Centeno, la dio luego que regresó al país la fiscal Solórzano, y casi inmediatamente a la salida de una reunión que en la tarde de ayer sostuvo con el representante de Nicaragua ante la OEA, Leandro Marín Abaunza, y misma fiscal Solórzano.
“Casi llegamos a la conclusión que si hubo delito, fue en alta mar, no en territorio nicaragüense”, dijo Centeno.
Lo bueno del proceso del rumbo de las investigaciones, según Centeno, es que tanto el embajador Marín como la Policía Nacional y la Fiscalía, coinciden en que “el informe de la OEA no es un veredicto contundente, sino un informe con muchos vacíos”.
Por su parte el embajador Leandro Marín Abaunza dijo que el informe de la OEA no es válido para condenar a nadie en Nicaragua, “porque cada país ahora tiene que hacer su investigación interna, ese informe es una guía, con valor informativo, no es un veredicto”.
OCHO HORAS DE ENTREVISTA
La diligencia judicial de la Fiscalía y la Policía Nacional fue autorizada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, César Pereira Burgos, quien está al frente de este caso en el órgano judicial.
La entrevista entre los funcionarios nicaragüenses y Yelinek se inició el viernes 31 de enero desde las 5:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche y prosiguió el sábado 1 de febrero desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.
En esta diligencia judicial, que se llevó a cabo en el sistema carcelario de la Policía Nacional, también participaron Carlos Carrillo y Ramón Malca, abogados de Yelinek.
Según la Fiscalía, Yelinek aseguró no tener ninguna vinculación con este tráfico de armas procedente de Nicaragua con supuesto destino a Panamá, y que quedó en manos de los paramilitares colombianos en noviembre del 2001.
(Con colaboración de William Briones Loaisiga)
