- Citarán al Procurador en funciones, al canciller Norman Caldera y a los ministros de Gobernación y de Defensa
William Briones Loáisiga [email protected]
La Asamblea Nacional no ha sido tomada en cuenta para las investigaciones sobre la venta de armas nicaragüenses que fueron a parar a manos de paramilitares colombianos, por lo que iniciará sus propias investigaciones y emitirá su propia resolución, dijo ayer Augusto Valle, Presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación del Parlamento.
Valle lamentó que siendo el Primer Poder del Estado, el Legislativo fue ignorado al integrar la comisión organizada por el Ejecutivo, en la que de acuerdo con el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) Nicaragua fue negligente en esa transacción.
Confirmó que a través de la Primera Secretaría citarán al Procurador General de la república en funciones, Francisco Fiallos; el canciller Norman Caldera y los ministros de Gobernación y de Defensa; Arturo Harding y José Adán Guerra, respectivamente, para conocer el informe de la OEA e iniciar sus propias investigaciones.
“Vamos a trabajar paralelo a la comisión del Ejecutivo. Citaremos a la comisión que integran sectores afines al problema, y una vez que tengamos conocimiento, vamos a dictaminar y daremos a conocer al plenario un informe para tener una resolución en firme”, explicó.
“Hemos solicitado ante la Primera Secretaría para que se cite el miércoles a esa comisión en pleno para que se nos informe e iniciemos la investigación. Es evidente que la Asamblea Nacional no ha sido tomada en cuenta, ni siquiera tenemos un informe, ninguna comunicación, y es necesario que tengamos conocimiento y nos involucremos de inmediato en este problema”, comentó.
“Éste es el primer poder del Estado (el Parlamento), y queremos que se le reconozca. Primero, vamos a citar a la comisión del Ejecutivo para recibir la información y analizar el informe. Después, vamos a invitar a las personas que estén citadas (mencionadas) en el informe”, adelantó.
En el informe de la OEA, son mencionados por haber realizado la transacción de las armas, el jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero; el general en retiro, Roberto Calderón; el ex ministro de Gobernación, René Herrera; el mayor del Ejército de Nicaragua, Álvaro Rivas; y el ex jefe policial, Franco Montealegre.
