- Negligencia de autoridades fue inverosímil
Eduardo Marenco y Jorge Loá[email protected]
El contralor colegiado Guillermo Argüello Poessy recordó ayer cuando el ex jefe de la Policía de Nicaragua, comisionado en retiro Franco Montealegre, llegó a la institución para explicar la venta de los fusiles y les dijo que “era para unos coleccionistas de armas”.
“Yo recuerdo que vinieron aquí a decirnos que necesitaban las pistolas y que se iban a entregar unos fusiles. Nos pareció razonable la petición. Yo le pregunté al comisionado Franco Montealegre por qué los fusiles tenían que ser de antes del año 86, eso me extrañó, y él me respondió que éstos eran para unos coleccionistas de armas en Estados Unidos. Esa fue la respuesta que me dio, lo he dicho siempre y lo voy a mantener”, dijo Argüello.
El 3 de febrero de 2000, dos meses antes de que la Contraloría fuese enterada de la permuta, el ex ministro de Gobernación René Herrera dio el visto bueno a la transacción en una carta que envió a Montealegre, respaldando “la idea” de poner en conocimiento de la Contraloría, asunto que de todas maneras es de obligación constitucional.
La negligencia de las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, no solamente fue “profesional”, tal como lo señaló la Organización de Estados Americanos (OEA), sino que fue además, inverosímil.
Cuando Montealegre secundó la solicitud del ex ministro Herrera para que la Contraloría autorizara la exclusión del procedimiento de licitación para realizar la permuta de armas, no informó cuántos bienes se permutarían, por cuál valor y con quién.
La resolución de la Contraloría dando el visto bueno a la transacción, con fecha del 19 de mayo de 2000, señala que la solicitud de Montealegre “presentaba el inconveniente de no indicar la cantidad de bienes a permutar, valoración de los mismos (y) documentos que demostraran la legalidad de la empresa con la que se pretende establecer dicho vínculo jurídico (permuta)”, dice el documento firmado por los cinco contralores.
Fue días después, a solicitud de la Contraloría, que Montealegre esclareció tales interrogantes. Pero, además, llama la atención que en la resolución de la Contraloría se deja claro que se autoriza la permuta “entre la Policía Nacional y la empresa GIRSA”, sin aparecer en ninguna parte del documento ninguna alusión a la Policía de Panamá.
LA PRENSA intentó por diversas vías conversar con Montealegre, pero éste no devolvió las llamadas.
Por su parte, Herrera, ahora diputado liberal, alegó a la Contraloría que la Policía Nacional necesitaba permutar el armamento con carácter de urgencia, debido a los índices de criminalidad y al aumento de peligrosidad de los delincuentes por el sofisticado armamento que utilizan. Además, sostuvo ante el órgano de control: “Lo inconveniente que es para el interés público someter a licitación la venta de armas que podrían ser adquiridas por terroristas y narcotraficantes, lo que podría traer consecuencias funestas, tanto para la Policía Nacional como para la nación en general”.
Pero eso fue lo que aparentemente sucedió: las armas fueron a manos de un grupo terrorista y narcotraficante, los “paras” de Colombia.
Adicionalmente, Herrera le aseguró en una carta a Montealegre que había hecho las consultas del caso con el embajador Oliver Garza, entonces representante de Estados Unidos en Nicaragua, y que toda la operación “era transparente”.
Esta carta fue un argumento esgrimido por el actual jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero, durante una entrevista con LA PRENSA en noviembre del año pasado, para asegurar que el gobierno de Estados Unidos había dado el visto bueno a la transacción. La Embajada de ese gobierno negó tal afirmación y dijo que no tenían nada que ver con el asunto.
PRECIO IRRISORIO
El jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero, admitió a LA PRENSA en noviembre pasado, que no consideraron necesario llamar a la Policía de Panamá para verificar que las órdenes de compra con membrete y sellos de la institución eran reales. También dijo que las AK fueron permutadas a un valor inferior al del mercado. De igual manera, aseveró que no tenían responsabilidad alguna por lo que hubiese ocurrido con el embarque de armas en alta mar.
