- Según el fiscal Julio Centeno, solicitarán a oficiales de Policía y otros funcionarios vinculados a la venta de las armas se abstengan de conocer sobre la investigación
- Investigación cubrirá al Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y funcionarios vinculados a la venta de armas a Panamá
Ary Neil Pantoja [email protected]
La Policía Nacional, entidad vinculada, según el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la venta irregular de armas a Panamá, realizará una auto investigación del caso, confirmó el fiscal Julio Centeno.
En vista que el único órgano competente para investigar es la Policía Nacional bajo la directriz del Ministerio Público, el fiscal Centeno, quien ayer anunció una investigación sobre el hecho, dijo también que solicitará a las máximas autoridades policiales ordenen que cualquier oficial —independientemente del rango o cargo— vinculado a la venta de las armas a Panamá, se abstenga de conocer sobre la investigación.
Centeno dijo confiar en la “transparencia y profesionalismo” de la Policía para no ocultar información al respecto cuando la Fiscalía lo solicite.
El Fiscal no cree que la Policía intente deliberadamente entorpecer la investigación en caso de que altos oficiales de la institución resulten involucrados en el tráfico ilegal de armas.
INVESTIGARÁN A TODOS
Según Centeno, ningún oficial del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional o cualquier otro funcionario del gobierno vinculado directa o indirectamente a la venta de armas a Panamá, quedará exento de la investigación que el Ministerio Público iniciará en los próximos días.
En conferencia de prensa, Centeno informó ayer que están estudiando el informe final presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno de Nicaragua sobre la venta de las armas a Panamá.
Concluido el análisis del informe, el Ministerio Público abrirá la investigación oficial, de la cual, según Centeno, no quedará fuera ningún funcionario vinculado a dicha transacción.
La investigación del Ministerio Público, según el Fiscal General, incluye la coordinación con las fiscalías de Panamá y Colombia para el intercambio de información.
La pretensión es determinar cómo o por qué un lote de 3,000 fusiles AK que la Policía Nacional vendió a su homóloga de Panamá, terminaron en poder de un grupo irregular colombiano.
“Éste es el primer caso de un delito del crimen organizado sobre el cual el Ministerio Público abrirá una investigación, y contamos con todos los recursos técnicos y humanos para hacerle frente”, señaló Centeno, tras agregar que designarán a un fiscal especial para que se coordine con la Policía Nacional e iniciar las averiguaciones.
NOMBRARÁN FISCAL ESPECIAL
Centeno dijo que nombrarán a un fiscal especial que tendrá la responsabilidad de dirigir y coordinar las indagaciones, además de vigilar y supervisar hasta la más pequeña diligencia que la Policía realice sobre el caso.
Las pesquisas incluyen al Ejército de Nicaragua, pues fue la institución castrense la que facilitó el lote de armas a la Policía Nacional, a través de una permuta, para que ésta a su vez las vendiera a su homóloga panameña.
POLICÍA INFORMARÁ SÓLO A LA FISCALÍA
El fiscal general, Julio Centeno, recalcó que la Policía Nacional deberá informar única y exclusivamente al Ministerio Público cualquier diligencia con su respectivo resultado, que la institución realice sobre el caso, incluyendo aquellas diligencias que la Policía ejecute a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR).
Centeno llamó la atención de lo delicado del caso, “porque se trata de un delito contra la seguridad exterior del Estado de Nicaragua”.
Señaló también que cualquier particular que resulte involucrado en el hecho será objeto de investigación, “sobre todo porque el desvío de armas hacia un grupo armado colombiano se dio a través de una negociación legal del Estado, en la que pudieron estar involucrados funcionarios y particulares”, explicó.
PGR A LA EXPECTATIVA
El procurador general de la República, Francisco Fiallos, solicitó al canciller Norman Caldera copia del informe remitido por la OEA. Mientras que al ministro de Defensa, José Adán Guerra, el procurador Fiallos pidió cualquier información sobre el caso. “Hasta que se pueda analizar con detenimiento la información, la PGR se pronunciará al respecto”, dijo por la vía telefónica el vocero de esa institución, Sergio Boffelli.
