- Según la investigación de la OEA, Nicaragua es “culpable por negligencia profesional”, mientras en Colombia hubo corrupción
Sergio Gómez MasseriCorresponsal / Washington
El informe, que cuenta con más de 600 páginas, endilga el mayor peso de la responsabilidad a un ciudadano israelí Simón Yelinek, quien efectuó la compra y venta final de las armas, y al que ahora se le atribuyen nexos con la organización terrorista Al Qaeda.
Nicaragua es, según la investigación de la OEA, “culpable por negligencia profesional” y por infringir varias de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego CIFTA, mientras en Colombia hubo corrupción, señala la OEA.
Éstas son las principales conclusiones a la que llega un extenso informe elaborado por un grupo de investigadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la supuesta venta de un cargamento de armas entre Managua y Ciudad de Panamá (3.000 AK-47 y 2.5 millones de cartuchos) que terminó en manos de las Autodefensa Unidas de Colombia, AUC.
Igualmente, se señala a Trafalgar Maritime Inc. una compañía naviera “fachada” que fue la que trasportó las armas hasta Turbo, en Antioquia, y la firma Grupo de Representaciones Internacionales (GIR S.A.), que opera desde Guatemala y que puso en contacto a Yelinek con los nicaragüenses.
EL NEGOCIO
La transacción original, se suponía, era entre la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y el GIR. La PNP deseaba intercambiar un lote de rifles AK-47 por pistolas y mini uzis que se ajustaban más a las necesidades de esta institución, y el GIR, una agencia privada de venta de armas con lazos cercanos con el Ejército nicaragüense, mostró interés en el negocio.
Para realizarlo, sin embargo, el GIR necesitaba de un tercero interesado en comprar las armas que intercambiaría con la PNP.
Hacia junio del 2000 el GIR, luego de estudiar tres propuestas diferentes, se decidió por Yelinek, quien ofreció 575 mil dólares por el cargamento.
Yelinek decía representar a la Policía Nacional de Panamá (PNP) y presentó, tanto al GIR como a las autoridades nicaragüenses, una orden de compra de la Policía panameña.
Pero dicha orden, como pudo comprobar la OEA, “era falsa”. Para la investigadores, sin embargo, ni el GIR —experimentados compradores de armas— ni oficial alguno en Nicaragua puso en duda la orden de compra, ni tampoco trataron de verificar que Panamá hubiese ofrecido comprar el armamento.
“Ori Zoller y Uzy Kissilevich, propietario y gerente General de GIR, y los demás involucrados aceptaron rápidamente la orden de compra panameña falsa y demostraron una total falta de interés acerca del destino final de las armas. No existe registro alguno de comunicaciones entre el GIR y la Policía panameña. No hay indicio alguno de que éstos o los oficiales nicaragüenses hayan intentado verificar si la compra era legítima.
Asimismo, basarse en una única orden de compra no respaldada por ninguna otra documentación a lo largo de esta compleja transacción y utilizar este documento como determinante final es poco profesional y creíble”, dice el informe.
Es por esto, según los investigadores, que se llegó a la conclusión de que Nicaragua, aunque en el papel no se infringió ley alguna en este país, violó los estatutos de la CIFTA. Este acuerdo, del cual Panamá y Nicaragua son firmantes, establece que antes de que se autorice un embarque de armas de fuego deberán “asegurarse” de que los países importadores y de tránsito han otorgado las licencias necesarias y que se ha desarrollado “un sistema eficaz” para las autorizaciones de ventas de armas que elimine posibles “desviaciones”.
EL EMBARQUE Y COLOMBIA
Por la misma fecha en que se culmina el negocio (julio de 2001), un ciudadano mexicano, Miguel Onattopp Ferriz, establece una empresa naviera en Panamá (Trafalgar Miritime) cuyo único barco es el Oterlloo.
El barco zarpa de Veracruz, México, el 15 de octubre, y su capitán Iturrios Maciel, certifica que transporta pelotas plásticas. Luego llega a Nicaragua donde se montan los 16 contenedores que portan las armas y se firma otro documento que indica que el destino final es el puerto de Colón.
El 5 de noviembre de 2001 el barco llega a Turbo sin haber pasado por Panamá. La empresa colombiana Banadex, a pedido de una agencia naviera, Turbana Ltda., es la encargada del descargue. Y existe un formulario del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, firmado por el capitán del barco, que demuestra su arribo y desembarco en territorio colombiano.
Pocos meses después, Trafalgar Maritime se disuelve y el Oterlloo es vendido a un ciudadano colombiano: Edgar Aarón Villalba. En esta parte, la OEA concluye que “alguien en Colombia” asociado con Yelinek o alguno de los otros, recibió el barco. Y le recomienda a las autoridades del país investigador lo que parece un claro ejemplo de corrupción.
ASUNTOS QUE REQUIEREN MAYOR INVESTIGACIÓN
La OEA se declara sorprendida por las declaraciones dadas por el jefe de las Autodefensas, Carlos Castaño, quien afirmó que el negocio era por 13.000 armas y no por 3.000 como consta en los documentos.
Para los investigadores, esto podría indicar que se realizaron otras transacciones y pide a las autoridades de los países involucrados investigar más al respecto.
A Colombia le sugiere revisar armas decomisados a las autodefensas para determinar si alguna de ellas es de procedencia nicaragüense y no hace parte de lote de las 3.000 registradas, de las cuales se tienen los números de serie.
Para los investigadores, también despierta sospecha un segundo negocio de compraventa de armas que se comenzó a maquinar poco después de que se concretó el primero, y también con las mismas partes involucradas. Se trataba de vender 5.000 fusiles AK-47 del Ejército nicaragüense a la Policía panameña a través del mismo sistema de documentación falsa.
La OEA señala que en este caso pareciera que altos oficiales del Ejército nicaragüense, entre ellos el inspector general del Ejército, Roberto Calderón, “actuaron de manera criminal, pues intentaron vender artículos del Estado por casi un millón de dólares sin que las autoridades civiles estuvieran enteradas, usando una orden de compra falsa que tenía casi dos años de antigüedad”.
Aunque el negocio nunca se llevó a cabo, también genera muchas interrogantes. Una vez enteradas del primer embarque y en conocimiento del segundo planeado, las autoridades de Colombia, Nicaragua y Panamá decidieron planear una operación conjunta: “Triángulo”, que buscaba dar con los implicados.
El operativo fracasó, pues el GIR se enteró de que los tres gobiernos investigaban el asunto y canceló la transacción. Según Zoller, fue el general Calderón quien le informó sobre la pesquisa, pero Calderón niega que el GIR estuviese enterado. Para la OEA este asunto debe ser investigado con más detalle.
Cuando se llega a un acuerdo entre la Policía de Nicaragua y Yelinek —a través del GIR— para la compra del primer cargamento, Yelinek viaja a Managua para revisar las armas. Éste concluye que las AK-47 de la Policía son obsoletas y dice que no hay negocio.
Pero Calderón interviene y ofrece 3.000 AK-47 nuevas de propiedad del Ejército (que son las que finalmente llegan a Castaño) y acepta las de la Policía en su lugar.
Según la OEA, esta permuta es inexplicable no sólo porque Calderón no contaba con la autorización para hacerlo, sino porque no se entiende cómo una institución opta por cambiar armas nuevas por viejas sin recibir nada a cambio.
Al investigar, la OEA se topó también conque los negocios del GIR con Calderón venían de tiempo atrás, y merecen ser investigados con profundidad.
Menciona una solicitud de compra al Ejército nicaragüense, fechada en enero de 2.001, de cañones antiaéreos cuádruples y dobles, misiles antiaéreos, granadas propulsados por cohetes y lanzadores antitanques.
La solicitud la hizo el GIR a Calderón, pero provenía de Yelinek, quien tenía como cliente a Samih Osailly, un agente de armas libanés que está bajo arresto en Europa y vinculado al grupo terrorista Al Qaeda.
Para la OEA, este hecho sumado al caso colombiano y los otros mencionados indican que los vendedores internacionales de armas consideran a Nicaragua como “una fuente potencial de armas de guerra con objetivos ilegales”.
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
Además de sugerir a cada país la apertura de investigaciones contra cada uno de los implicados en esta trama, los investigadores de la OEA sugieren a los países miembros de la organización, establecer programas de destrucción de excedentes de armas.
Aunque no lo menciona, esta recomendación obedece a las miles de armas que han quedado deambulando tras los acuerdos de paz en Centroamérica y que despiertan el apetito de los grupos irregulares y comerciantes.
También que se establezcan modelos armonizados que rijan las importaciones y exportaciones de armas, y que se haga énfasis en los apartes de la CIFTA, que exigen pruebas de emisión de las licencias o autorizaciones de importación necesarias para la liberación de los embarques de armas destinados a la exportación.
ARMAS CON «OBJETIVO ILEGAL»
Para la OEA, según su informe, este caso y otros indican que los vendedores internacionales de armas consideran a Nicaragua como “una fuente potencial de armas de guerra con objetivos ilegales”.
Tomado del diario El Tiempo
