Eduardo Marenco [email protected]
Hoy se romperá el hermetismo y la expectativa que ha provocado el contenido del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el embarque de armas permutado por la Policía Nacional supuestamente con la Policía de Panamá, pero que terminó en manos de los paramilitares de Colombia.
Es posible que el presidente Enrique Bolaños se pronuncie hoy al respecto, según indicó una fuente del Ejecutivo. Una comisión integrada por los viceministros de Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores, un representante de la Policía Nacional y del Ejército, laboró ayer por la tarde para presentar un análisis a los ministros y que éstos se lo hicieran llegar al presidente Enrique Bolaños.
El escándalo estalló cuando el diario El Tiempo, de Bogotá, reveló que 3,000 Ak y cinco millones de municiones provenientes de Nicaragua, ingresaron a Colombia en el buque de bandera panameña “Otterloo”, a finales del 2001.
El jefe de los paramilitares de Colombia, Carlos Castaño, se jactó meses después, afirmando que el embarque de armas proveniente de Nicaragua, había sido el “mejor gol” que han metido desde Centroamérica, en materia de tráfico de armamentos.
La Contraloría nicaragüense, a solicitud del entonces ministro de Gobernación, René Herrera, autorizó el 19 de mayo del 2000, la formalización del contrato de permuta de armamento entre la Policía Nacional y la empresa “Girsa”, de origen israelí, sin necesidad de licitación.
ADVERTENCIA «FUNESTA»
Herrera, ahora diputado liberal, alegó a la Contraloría que la Policía Nacional necesitaba permutar el armamento con carácter de urgencia, debido a los índices de criminalidad y al aumento de peligrosidad de los delincuentes por sofisticado armamento que utilizan.
Además sostuvo ante el órgano de control: “Lo inconveniente que es para el interés público someter a licitación la venta de armas que podrían ser adquiridas por terroristas y narcotraficantes, lo que podría traer consecuencias funestas, tanto para la Policía Nacional como para la nación en general”.
Pero justo eso fue lo que sucedió: las armas fueron a manos de un grupo terrorista y narcotraficante, los “paras” en Colombia.
SE INCUMPLIÓ CONVENCIÓN INTERAMERICANA
Según Roberto Cajina, experto en asuntos cívico-militares, Nicaragua habría pasado por alto el artículo 9 de la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados”.
-El artículo 9 de la Convención, sostiene que los Estados Partes no permitirán el tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales, para su exportación, sino hasta que el Estado Parte receptor expida la licencia o autorización correspondiente. Antes de autorizarse los embarques, los Estados Partes están en la obligación de asegurarse que los países importadores y de tránsito han otorgado las licencias o autorizaciones necesarias. Igualmente, el Estado Parte importador informará al Estado Parte exportador, que lo solicite, de la recepción de los embarques, según la Convención. Nada de esto ocurrió, señaló Cajina.
