Omar Flores Palma
Entre los articulos publicados recientemente sobre los “buseros” me llamó la atencion uno que se refiere a la adquisicion futura de unidades refaccionadas para fortalecer el transporte urbano colectivo. Destacan en el mismo dos asuntos que son inquietantes. Primero, las declaraciones que el aspirante a diputado, Rafael Quinto, hace sobre el “precio especial de 2.50 cordobas” por un “servicio especial” el cual se brindará con las supuestas 800 unidades que pretenden adquirir. Esa cantidad representa, curiosamente, la totalidad de los buses urbanos de Managua. Pero pregunto:
¿A qué llama “servicio especial”el señor Quinto? ¿Será que el pasajero recibirá un servicio con aire acondicionado y de choferes y ayudantes educados y cordiales? ¿Será que se prestará un servicio a capacidad del bus, o seguirán los usuarios viajando como ganado en un camión? En mi opinion, lo que realmente se gesta es un pretexto para subir el valor de pasaje.
Un segundo punto, que a mi juicio es peor aún, es la supuesta intervencion de la Alcaldía de Managua y del MTI como “garantes”para la contratación de una deuda para la compra de buses, que puede llegar a tres millones de dólares.
Parece que ya se olvidó que el gremio de los “buseros” todavia adeuda al Estado casi veinte millones de dólares por buses que las administraciones anteriores les otorgaron, y que nunca van a recuperarse. Es bueno enfatizar que los “buseros” urbanos de Managua tienen una pésima reputación como sujetos de crédito, con brillantes excepciones.
Por otro lado, los transportistas son “pequeños empresarios” y algunos pocos son grandes empresarios. Como tales deben tener capacidad de endeudarse individualamente para obtener sus unidades de trabajo. Y como tales deben proveer las fianzas y garantias necesarias para calificar como sujetos de crédito. El gobierno municipal, o el nacional, nada tienen que hacer en esta gestión. Corresponde al que se beneficia de su empresa correr los riesgos que implica ser empresario. De manera que se debe cuestionar hasta la legalidad de semejante intromision, que dejaría al descubierto los intereses sagrados del contribuyente. Si las entidades municipales o del Gobierno Central han de endeudarse, deben hacerlo sólo en función de cumplir a cabalidad sus objetivos institucionales. Y si don Herty Lewites y don Pedro Solórzano buscan clientela politica para sus aspiraciones futuras, que lo hagan trabajando en las tareas para las cuales fueron nombrados.
Ningún contribuyente, ni pequeño o gran empresario que ariesga su propio capital para salir adelante en condiciones tan dificiles, puede estar de acuerdo con la intromision del gobierno en este asunto. Mucho menos para favorecer a un gremio que al país sólo le ha traído luto, asonadas, groserías y mal trato combinado con un deplorable servicio.
El Cosep, la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Procuradoría General de la República, deben tomar cartas en este asunto. Y referente a la participacion del Banpro, también es cuestionable la forma en que desea intervenir. Como gran empresa privada deben actuar con criterio de banqueros si desean beneficiarse del negocio. Deben correr riesgos, otorgando créditos a los que califiquen. De lo contrario seguiremos amamantando una clase de “banqueros especuladores”, que se amparan en el Estado para explotar jugosas ganancias, sin arriesgar nada, como en el caso de los CENIs. Hay que terminar con el parasitismo que algunos empresarios practican a costa del estado-botín que ya trasciende la administración pública.
En cuanto a los “buseros”, los que no pueden desempeñarse como pequeños empresarios deben entregar sus concesiones o el Estado retirárselas. Se debe liberar el transporte y licitar las concesiones para que sean adquiridas por nuevos y verdaderos empresarios del transporte público.
El autor es master en Administración Pública y consultor empresarial.
