En defensa de Chávez y en favor de Venezuela

Larry Birns y Matthew Ward

Tan reconocida por su venalidad como por su compromiso con la democracia, la clase media de Venezuela soportó muchos años las corruptocracias de los dos partidos principales, igualmente corrompidos. Este sector está realizando una huelga demoledora contra el presidente populista Hugo Chávez, no pretendiendo tanto reformar su gobierno como derribarlo. La táctica es movilizar una disposición constitucional que, de hecho, fue redactada por Chávez, exhortando a que los venezolanos se nieguen a reconocer alguna «autoridad que contradiga los valores, principios o garantías democráticas o perjudique los derechos humanos». Sin embargo bajo Chávez no han ocurrido violaciones de derechos humanos y los valores democráticos no han sido «perjudicados». En cambio, lo que amenaza los fundamentos de Venezuela es la filosofía de la oposición de que los fines justifican los medios y sus proposiciones al ejército que lleve a cabo su «misión» y derroque a Chávez.

Sin duda Chávez ha sido irritante, exasperante y confrontativo, pero se ha adherido a las reglas del juego mucho más fielmente que la oposición, y sus defectos se tratan de estilo, no de sustancia. Si es derrocado en los próximos pocos días —lo cual es probable— un golpe mucho más grande será asestado en las capacidades democráticas de Venezuela que en el destino personal de Chávez. Si es derrocado Chávez será reverenciado por los pobres como un líder que, aunque a menudo no prudentemente, luchó en su nombre y no para su propio beneficio.

El empate actual entre Chávez y la oposición se origina de la decisión de ésta de frustrar las negociaciones patrocinadas por la Organización de Estados Americanos. La oposición no presenta ningún programa, sino muestra sólo la ambición personal y los auto intereses de aquellos que quieren reemplazar a Chávez. Con la ayuda clave de la prensa sensacionalista de Venezuela, distribuye interpretaciones falsas e incendiarias de acontecimientos. Es importante tomar nota de que no es el gobierno el que está arriesgando las vidas de los venezolanos al efectuar enfrentamientos en contra de militantes de la oposición, sino es la oposición que diligentemente fomenta la guerra entre las clases con sus lemas, cantos y carteles.

Es obvio que los altos rangos de la oposición tienen temor principalmente de la aplicación de un programa modesto de reforma agraria, según la cual los terrenos en barbecho o excesivo podrían trasladarse a los pequeños agricultores. Actualmente, un 5 por ciento de la población controla un 41 por ciento de la tierra cultivable y, según las Naciones Unidas, Venezuela tiene unas de las más altas concentraciones de riqueza en unas pocas manos. Los índices demográficos indican que un 80 por ciento de la población vive cerca o bajo de la línea de pobreza. Es de este segmento que viene la base política de Chávez, los leales iletrados que no cederán a las injusticias del pasado o renunciarán a los beneficios que han obtenido recientemente, inclusive comida gratuita para sus niños en la escuela.

La oposición acusa a Chávez de asociarse con los terroristas, que significa que, como todos sus predecesores, se ha reunido con los gobernantes de naciones en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Libia e Irak, para analizar problemas de precios y producción. Aquellos en contra de Chávez disminuyen su autoridad al inventar una cábala entre él y Castro, pero están privados de una razón creíble con la cual apoyar su banal propaganda.

Si hubiera una solución a la crisis de Venezuela, debe surgir de la Constitución, y no de imponerse en las calles o con el recurso de las armas. Los escenarios actuales de la oposición amenazan las instituciones orgánicas de Venezuela, pues alguna resolución no constitucional socava las perspectivas del país para la paz y su tradición preciosa de civilidad política.

Puede haber una salida para los venezolanos patrióticos. La oposición podría esperar hasta agosto, cuando la misma constitución que revende, selectivamente, estipula una referéndum obligatorio a medio camino por el ejercicio seguido del titular. O, la legislatura podría pedir elecciones presidenciales antes de 2006, o antes de agosto. Pero algún triunfo de la oposición debe ocurrir legalmente y no por componendas políticas o extorsión económica.

Ajustar las cuentas al quemar las instituciones básicas de Venezuela recuerda al Chile de Allende en 1973. Allí, demócratas cristianos imprudentes solicitaron la ayuda del ejército para librar a Chile de su presidente constitucional y hacer pasar un propio reinado esperado, pero en vez de eso consiguieron 17 años de represión brutal.

Los autores son miembros del Consejo en Asuntos Hemisféricos, en Washington.  

Editorial
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