El año 2003 comenzó en Nicaragua, en el ámbito judicial, con el estreno del Código Procesal Penal, vigente desde el 24 de diciembre recién pasado y que se comenzó a aplicar el 31 del mismo mes, al inaugurarse las salas donde se efectuarán los nuevos juicios orales.
El flamante Código para procesar a los presuntos delincuentes sustituye al viejo Código de Instrucción Criminal, que databa de marzo de 1875 y era considerado obsoleto por la mayoría de los abogados y jueces. De manera que el Código Procesal Penal nació con el beneplácito del foro nicaragüense que aplaude principalmente los beneficios a los reos, la menor carga de trabajo para los jueces y una tramitación más expedita de los juicios.
Sin dudas que todo eso es bueno y necesario en Nicaragua, donde el índice de retardación de justicia es mayor que en los demás países latinoamericanos. Pero, además de beneficiar a los acusados de cometer delitos, ¿en qué favorecerá dicho Código a los principales usuarios de la justicia, o sea a las personas honradas y en particular a las víctimas del delito y de los delincuentes?
Como se sabe, los problemas fundamentales del Poder Judicial de Nicaragua radican en la falta de una justicia independiente, en la subordinación de magistrados y jueces a grupos e intereses políticos y partidistas, así como en la corrupción, aparte de la falta de locales apropiados y la lentitud procesal. En realidad, el derecho al debido proceso y las garantías procesales existen constitucionalmente desde hace mucho tiempo, y si no hubiera sido por las fallas estructurales y las desviaciones de fondo del Poder Judicial bien se hubieran podido aplicar con el anterior Código de Instrucción Criminal, el que fue reformado y actualizado cuantas veces se consideró necesario hacerlo.
De manera que los problemas fundamentales de la justicia persistirán inevitablemente, a pesar del nuevo Código Procesal Penal, mientras no haya una renovación a fondo del Poder Judicial para despolitizarlo y despartidizarlo. Inclusive los beneficios para la instrucción criminal son dudosos, pues el nuevo Código será aplicado por los mismos magistrados y jueces de antes y a éstos los seguirán nombrando los mismos diputados corruptos y partidistas en base a los viciados criterios partidistas. Y en algunos aspectos hasta se puede asegurar que el nuevo Código Procesal Penal podría significar un retroceso en ámbitos de la justicia donde al menos un poco se ha podido avanzar.
Tal es el caso de la Procuraduría General de la República, que el año pasado fue la única institución estatal que defendió judicialmente los intereses nacionales, pero el nuevo Código Procesal viene a anular sus funciones acusadoras de modo que ya no podría actuar como lo hizo en los casos del fraude al Canal 6 y la guaca. Y en cambio dicho Código fortalece a la Fiscalía, lo que en principio es correcto y estaría bien si al mismo tiempo se sustituyera a sus actuales titulares, quienes se hicieron de la vista gorda ante la corrupción del gobierno anterior y sólo acusaron por delitos electorales —no se sabe si por instrucciones de sus partidos o por iniciativa propia—, para castigar al presidente Enrique Bolaños que con su lucha contra la corrupción desalojó al ex presidente Arnoldo Alemán de la presidencia de la Asamblea Nacional, lo privó de su inmunidad y lo llevó a los juzgados.
Es pertinente, entonces, promover un cambio en el Ministerio Público para colocar allí a funcionarios profesionales, independientes, imparciales; y respaldar a la Procuraduría en la defensa de su capacidad de lucha contra la corrupción. Pero es decepcionante al respecto que el mismo secretario de la Presidencia de la República diga que ésta no quiere que el fiscal arnoldista y la fiscal sandinista sean sustituidos, cuando debería ser todo lo contrario.
En conclusión, sin dejar de reconocer los aspectos positivos del nuevo Código Procesal Penal debemos señalar que mucho más importante que proteger a los delincuentes, darle más poder a funcionarios partidistas, apañar a los corruptos y vestirse con un ropaje —la toga— ridículo y extraño a las costumbres nacionales, sería aprobar e implementar las propuestas de renovación y saneamiento judicial que han hecho los sectores mayoritarios de la sociedad civil.
