Sobhi Hadad
Bagdad/EFE.-Irak estuvo a punto de convertirse en 2002 en el segundo escenario de la campaña bélica global lanzada por EE.UU. contra el terrorismo y lo que Washington definió como “el eje del mal” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La aceptación por Saddam Hussein de todas las exigencias que le impuso Estados Unidos a través de la ONU evitó casi en el último momento que se hiciera realidad esa amenaza, que en 2003 continuará pendiendo, no obstante, sobre el régimen de Bagdad.
Después de Afganistán, primer objetivo de la guerra al terror en respuesta a los atentados de Washington y Nueva York, EE.UU. ha colocado a Irak en los últimos meses en el punto de mira de la comunidad internacional.
El presidente norteamericano, George W. Bush, marcó la prioridad al pronunciar el 29 de enero un discurso en el que, por este orden, citó a Irak, Irán y Corea del Norte como los estados que suponían un mayor peligro para la paz en el planeta.
Ya en el verano los ataques de la Administración estadounidense se centraron en Irak, con una proliferación de declaraciones sobre la necesidad de desarmar, por las buenas o por las malas, al régimen de Bagdad.
Washington trató de convencer a sus aliados occidentales y árabes, y a Rusia y China, de la urgencia de derrocar a Saddam Hussein, con el argumento de que continúa en posesión de armas de destrucción masiva, químicas, bacteriológicas, e incluso nucleares.
REPAROS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Excepto Israel y Gran Bretaña, cuyo primer ministro, Tony Blair, apoyo incondicionalmente a Bush, el resto de socios norteamericanos y de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron, sin embargo, serios reparos a embarcarse en una contienda militar.
Los países árabes alertaron sobre la posibilidad de que un ataque a Irak agravaría la ya explosiva situación en Oriente Medio, mientras los europeos temieron que esa inestabilidad alcanzara el Norte de Africa, su frontera sur.
A la propuesta de esas naciones de que se probara la existencia de armamento de destrucción masiva en Irak se sumaron también Moscú y Pekín, que habían recibido entretanto generosas ofertas de Bagdad para el suministro preferencial del crudo iraquí.
LA RESOLUCIÓN 1441
La solución de compromiso se logró el 8 de noviembre, cuando los quince miembros del Consejo de Seguridad consensuaron la resolución 1441, para que expertos de Naciones Unidas reanudaran las inspecciones suspendidas en Irak cuatro años atrás.
Los inspectores desarrollan desde entonces su labor sin que hasta el momento hayan encontrado obstáculos por parte del Gobierno iraquí, que por su lado también respeta el calendario establecido en el citado dictamen.
Ese proceso incluye la advertencia a Bagdad de que el incumplimiento de la resolución le acarreará “serias consecuencias”, pero no ha detenido el despliegue militar de EE.UU. en el Golfo Pérsico y en Turquía, los dos flancos claves de una eventual ofensiva.
Washington ha invertido ya cientos de millones de dólares en esa movilización militar, lo que, aparte de consideraciones políticas, estratégicas y de seguridad, puede ser razón suficiente para pensar que el ataque a Irak es sólo cuestión de tiempo.
PREOCUPACIÓN POR DERECHOS CIVILES
-El Gobierno estadounidense ha aumentado en este año su poder para detener e investigar a ciudadanos y extranjeros en su lucha contra el terrorismo, pero los grupos de derechos civiles dicen que ha sido a costa de violar las libertades fundamentales.
-El Gobierno ha negado derechos esenciales a los sospechosos de terrorismo y ha aumentado su poder para recoger información privada y realizar escuchas y registros domiciliarios, sin apenas críticas por el Congreso o la opinión pública.
-“Las víctimas principales de estas medidas excesivas son los inmigrantes”, declaró Benjamín Johnson, director adjunto de la Asociación de Abogados de Inmigración de EE.UU. “Muchos ciudadanos no se dan cuenta de que ellos pueden ser los siguientes”.
-Michael Scardaville, analista del instituto conservador Heritage Foundation, manifestó que la “nueva amenaza” justifica las medidas extraordinarias. “El Gobierno ha hecho un buen trabajo equilibrando las libertades civiles y la seguridad”, opinó.
-El Gobierno de EE.UU. prácticamente ha establecido un sistema alternativo de justicia que, según detractores y partidarios consultados por EFE, niega a los sospechosos de terrorismo derechos protegidos por el sistema judicial normal.
-Los grupos de derechos civiles han denunciado la detención de más de 1,200 extranjeros, cuyos nombres no han sido revelados, desde los atentados de septiembre de 2001 por posibles vínculos con terrorismo. En más de 600 de los casos sus audiencias judiciales fueron secretas y la mayoría aparentemente fueron deportados.
-Además, EE.UU. mantiene a dos ciudadanos estadounidenses, que ha denominado como “combatientes enemigos”, en prisión indefinida en dos bases militares.
