La mayor parte de la deuda interna de Nicaragua corresponde a las indemnizaciones de propiedades afectadas por la piñata sandinista y al financiamiento de las quiebras bancarias que ocurrieron bajo el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán.
En efecto, de los 1,690 millones de dólares que suma dicha deuda, 750 millones son por el pago de los bonos de indemnización de la propiedad y 347 millones “por rescate de las quiebras de los bancos”, según informó el Presidente Enrique Bolaños en abril pasado, cuando cumplió los primeros 100 días de su mandato presidencial. Y explicó en esa misma ocasión el primer mandatario, que “cada hombre, mujer, niño, niña del país debe 5,000 córdobas por la deuda interna y otros 20 mil córdobas por cabeza, por la deuda externa”.
Los ciudadanos comunes y corrientes de Nicaragua que trabajan arduamente para devengar un salario u obtener la ganancia que sea en sus negocios, y que pagan demasiados impuestos al Estado; pero también las personas que por una u otra razón no pueden trabajar, y hasta los niños de pecho, tienen cada uno la deuda de 5,000 córdobas por las mansiones, haciendas, empresas y demás propiedades y bienes que se apropiaron durante la piñata los dirigentes del FSLN y muchos de sus allegados, así como por los millones de dólares con los que se enriquecieron los defraudadores de bancos durante el gobierno anterior.
Ahora bien, no importaría mucho tener que pagar por la piñata y las quiebras bancarias fraudulentas si a cambio se garantizara la estabilidad, la gobernabilidad, la paz social y el funcionamiento apropiado de la democracia. Pero a pesar de que la población está pagando injustamente por lo que algunas personas se apropiaron indebidamente, los corruptos y sus representantes que están enquistados en la Asamblea Nacional mantienen siempre al país en situación de zozobra y ahora quieren impedir que el Gobierno pague la deuda interna en los plazos y montos establecidos.
Para el Estado no fue fácil, sin dudas, obtener los recursos económicos que permitieron indemnizar las propiedades piñateadas y pagar los costos de las quiebras bancarias. Más bien, para poder conseguirlos fue necesario ofrecer a la banca privada bonos del Estado con generosos intereses y el compromiso de redimirlos en plazos determinados.
Los gobiernos extranjeros que ayudan a Nicaragua no están poniendo como condición indispensable -para mantener e incrementar su cooperación- que la deuda interna sea pagada por completo y en una fecha determinada, ni que se amortice en montos específicos. El Japón, por ejemplo, de manera inusitada perdonó recientemente a Nicaragua más de cien millones de dólares de la deuda bilateral, sin condicionar esa generosa decisión a la solución del problema de la deuda interna nicaragüense.
En realidad, no es para cumplir condiciones de otros países ni de organismos financieros internacionales que el gobierno de Nicaragua tiene que cumplir los compromisos que adquirió con la banca privada y en general con los adquirentes de títulos valores del Estado. Sin embargo, la asignación presupuestaria para ese rubro que propuso el Poder Ejecutivo, fue reducida en forma sustancial por los diputados liberales y sandinistas, de modo que ahora el Presidente Enrique Bolaños tendrá que vetar esa parte de la ley del Presupuesto, o humillarse ante los banqueros para que acepten una renegociación de la deuda y de los términos de su amortización. Pero los banqueros pueden perfectamente exigir que se pague esa deuda tal como fue previsto y acordado, pues ellos adquirieron los bonos del Estado para hacer negocio y no para favorecer a los piñateros y los piñateados ni para que los afectados por las quiebras bancarias no perdieran sus depósitos.
La verdad es que el Gobierno debe cumplir el compromiso que los representantes autorizados del Estado asumieron con los adquirentes de los certificados y bonos estatales, y los diputados no deberían obligar al Presidente de la República a incumplir lo acordado, y por lo tanto a deshonrar al sector público más de lo que ya ha sido deshonrado.
Otra cosa es si los banqueros no pagan los impuestos que de acuerdo con la ley deberían pagar. Y si esto es cierto el fisco debe obligarlos a pagar lo que corresponde.
