El Procurador especial en el caso de la supuesta compra-venta irregular de motocicletas y cuadraciclos en el IDR, Harry Peralta López, dijo que la solicitud de desafuero del diputado liberal Eduardo Mena se ha estancado.

PGR presiona por desafuero de Mena

Pese a que judicial solicitó desde hace algunos meses despojar de su inmunidad al diputado Eduardo Mena, el Parlamento aún no resuelve Mirna Velásquez Sevilla [email protected] La Procuraduría General de la República insistió ante el Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgard Altamirano López, pida nuevamente ante el Parlamento el desafuero del diputado […]

  • Pese a que judicial solicitó desde hace algunos meses despojar de su inmunidad al diputado Eduardo Mena, el Parlamento aún no resuelve

Mirna Velásquez Sevilla [email protected]

La Procuraduría General de la República insistió ante el Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgard Altamirano López, pida nuevamente ante el Parlamento el desafuero del diputado liberal Eduardo Mena Cuadra, para que responda a la acusación en su contra, la que representa un perjuicio económico al Estado, de 60 mil dólares.

Pese a que el juez Altamirano López solicitó anteriormente a través de la Secretaría del Parlamento privar de su inmunidad al diputado Mena, ésta no ha resuelto aún, por lo que el procurador especial en el caso, Harry Peralta López, pidió al juez lo solicite por segunda vez.

“Tengo conocimiento que la honorable Asamblea Nacional aún no ha tramitado dicha solicitud judicial, por lo que pido solicite (…) se inicie el proceso de desaforación establecido en las leyes”, indica el escrito del procurador Peralta López.

Eduardo Mena fue señalado de cometer actos de corrupción junto al ex director de Ingresos, Byron Jerez; Armando Barberena, ex director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), y Marbelí Sandoval, ex administradora del Programa Polos de Desarrollo.

La denuncia explica que durante la administración de Mena en el IDR, fueron ocasionadas pérdidas económicas al Estado a través de la compra-venta de cinco motocicletas y dos cuadraciclos realizada bajo una serie de irregularidades. Entre ellas la falta de cumplimiento de los requisitos que la ley exige para la venta de bienes al Estado.

El monto inicial del perjuicio económico asciende a los 40 mil dólares, sin embargo el procurador explicó que se sumaron otros 20 mil, debido a los daños colaterales causados al Estado, como el pago de un abogado para legalizar los vehículos, lo que ha sido imposible puesto que se desconoce cómo ingresaron al país.  

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