Sergio Cuarezma*
El tema de la justicia ocupa hoy un lugar prominente de la agenda debido a que en nuestro país se ha fortalecido una convicción moral y política en torno a la importancia y necesidad de intervenir en el mejoramiento de la justicia.
Esta nueva conciencia es una fuerte reacción contra una historia remota y reciente, en la que el país ha sufrido bajo el imperio de la arbitrariedad, el despotismo y los privilegios. En un provocador ensayo, el profesor Orlando Patterson, de la Universidad de Harvard, ha planteado que el nacimiento y desarrollo del concepto occidental de libertad, y la consiguiente lucha por ganar para ella las leyes y las instituciones, surge de la experiencia concreta de la esclavitud. En otras palabras, sólo la convivencia dramática, y milenaria, con esta institución explica que, en contraste a ella, ha surgido una idea de tanta potencial moral como es la noción moderna de libertad.
Desde esta perspectiva, si uno pensara que la buena parte de la fuerza que hoy asume el compromiso nacional con la justicia es una respuesta al drama de la injusticia histórica de nuestra tierra, ponderaríamos en toda su medida el grado de responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros.
En efecto Nicaragua, no puede desaprovechar este momento político. Las futuras generaciones no nos perdonarían el haber dilapidado esta posibilidad. Más aún, los procesos de cambio que se han promovido han generado un juego creciente de expectativas que se vinculan con estándares de mayor acceso a los sistemas judiciales y de resolución de conflictos, se vinculan con un derecho a la satisfacción de expectativas de derechos y garantías.
Ahora bien, ni el más fervoroso creyente en la mano invisible del mercado puede discutir que el crecimiento y el desarrollo deben sustentarse en mayores niveles de equidad y de acceso de todas las personas a las oportunidades. Todos coinciden, además, que esas condiciones de equidad, participación y seguridad suponen la existencia de instituciones públicas fuertes, ágiles, transparentes y eficaces.
Hoy, si el Estado de derecho no es capaz de garantizar el goce efectivo de una justicia pronta, cumplida e igualitaria, simplemente no es posible hablar de Estado de Derecho, sino de formas autoritarias de relaciones humanas en las cuales el acceso a la justicia es privativo para las personas que poseen recursos económicos, poder político o influencia social, marginando a un sector importante de la población e incluso a los sectores más acomodados si la justicia es lenta, engorrosa o ineficaz.
La consolidación del sistema democrático exige invertir en la consolidación de una justicia accesible para las personas. Requiere ser percibido como un sistema que equilibre el respeto de los derechos y garantías de las personas con adecuados niveles y estándares de eficiencia y eficacia.
Uno de los signos de nuestros tiempos es la creciente valoración de las dimensiones sociales de los procesos de desarrollo, entre los cuales se contemplan el valor de la justicia y las necesidades de salud y educación de nuestros pueblos. En este sentido, la inversión que se efectúa en el ámbito de la justicia es una inversión de carácter social y en las personas, crucial para un desarrollo sostenible en el tiempo.
En nuestras manos tenemos la posibilidad de revitalizar la justicia en Nicaragua.
*El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología.
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