Freddy Potoy [email protected]
Estamos a sólo seis días que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en medio de una serie de intereses políticos para que dicho instrumento jurídico sea aplicado con urgencia, poniendo en entredicho la seriedad y responsabilidad requeridas para implementar este Código, que podría afectar una cantidad importante de derechos y garantías constitucionales de los cuidadanos.
Algunos políticos de la Asamblea Nacional (entiéndase diputados) y otros políticos de la Corte Suprema de Justicia (entiéndase magistrados), han expresado que todo está listo para que entre en vigencia dicho Código.
Esa afirmación dista de la realidad cuando nos enteramos que las cosas no andan bien en materia de capacitación, creación de infraestructura y apropiación del contenido del nuevo Código Procesal Penal en la Región Autónoma del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), por ejemplo.
En El Rama, Nueva Guinea, Tipitapa, Boaco, Rivas, Masaya, Granada, Siuna, Acoyapa, San Carlos, Murra, Macuelizo, El Jícaro, Telica, León, Chinandega, Mozonte, San Pedro del Norte, San Francisco Libre, Wiwilí, El Cúa-Bocay, Jinotega, Somoto, Muy Muy, Río Blanco, Prinzapolka, La Cruz de Río Grande, Karawala, Morrito, El Almendro y El Castillo, por mencionar algunos, se necesita el sistema de grabación para cumplir con lo que manda el Código que todos los juicios deben ser grabados (Arto. 283).
Si hay estas condiciones en estos lugares, los contribuyentes deberían conocer cuándo licitaron la compra de estos equipos. Ahora, pensar en una simple grabadora de voz para grabar los juicios, es una ofensa a la inteligencia, así es que hagan bien las cosas señores.
La modernización de un nuevo instrumento jurídico es necesaria y aplaudo esa iniciativa, pero lo que causa gran temor es que entre en vigencia sin un auténtico debate para ver sus aspectos positivos y negativos, a eso se suma que no hay fiscales suficientes para mantener la constancia de las acusaciones, ni el número adecuado de defensores públicos para enfrentar el sistema acusatorio y una defensa adecuada.
Se necesitan por lo menos 300 fiscales e igual número de defensores públicos para que entre en vigencia dicho Código. Nicaragua es la Cenicienta en este sentido, pues en el área centroamericana, nuestro país es superado en estos rubros.
Revisando una vez más la última versión del Código Procesal Penal, el Ministerio Público y la Policía Nacional aparecen con unas facultades impresionantes
Algunos jueces de Managua han dicho que necesitan la suficiente capacitación para aplicar adecuadamente el nuevo Código Procesal Penal. Los abogados penalistas litigantes también están conscientes de este asunto.
El asunto no es oponerse por oponerse a una nueva norma, no, el asunto es hacer bien las cosas y no a la carrera que después nos podamos arrepentir cuando la ley sea aplicada a nosotros. La ley es como un cuchillo que no afecta a quien lo tiene sostenido por el mango, pero sí lo perfora cuando se invierte.
Esto es muy delicado, tomando en cuenta que todo sistema punitivo es una máquina procesadora de carne.
