Humberto Belli Pereira*
“Al fin,” escuché decir, “ahora que ya pasó lo de la desaforación vamos a poder concentrarnos en la lucha contra la pobreza”. Lo que esta frase ignora es que la lucha contra la corrupción es, en sí, parte integral de la lucha contra la pobreza. Efectivamente, pobreza y corrupción están íntimamente ligadas. De acuerdo a mediciones de Transparencia Internacional, los veinte países menos corruptos del mundo tienen un ingreso per cápita superior a los U.S.$17,000. Los veinte más corruptos, por el contrario, tienen un ingreso inferior a los U.S.$4,000. Chile, que es la nación con mejores ingresos y niveles de empleo en América Latina es el país con menor corrupción en toda la región. De acuerdo a Paolo Mauro, autoridad mundial en el tema, una disminución en la escala de la corrupción de 2.4 (en una escala de 1 a 10) esta asociada con un incremento de cuatro puntos en la tasa de crecimiento per cápita.
¿A qué se debe esta relación tan estrecha entre corrupción y pobreza? Una de las razones, entre otras, es que la corrupción dificulta el crecimiento de uno de los factores más decisivos en el progreso de los pueblos: La existencia de una clase empresarial moderna.
Para entender bien lo que es una verdadera clase empresarial es preciso aclarar que empresarios y buscadores de riquezas no son necesariamente los mismos. Individuos dispuestos a hacer dinero por cualquier medio han existido en todas las épocas y en todas las sociedades, incluyendo las menos desarrolladas. Nuestro continente ha sido trágicamente pródigo en individuos y grupos que han buscado la ruta fácil del enriquecimiento a través de la influencia política, del otorgamiento de protecciones, privilegios fiscales, subsidios, tarifas especiales o monopolios, o a través de la obtención de intereses preferenciales, préstamos que no se pagan, y mil y una triquiñuelas. Pero éstos no son propiamente empresarios sino, lo que podríamos llamar, “negociantes mercantilistas”. Esta clase no produce progreso. Lo impide.
Empresario, por el contrario, es aquél que busca utilidades, es decir, un retorno a su inversión, a través de medios lícitos y éticos, en virtud de su capacidad de tomar riesgos e innovar, en activa competencia con otros rivales. Cuando una nación permite o facilita el surgimiento de este tipo de personas y comportamientos, los empleos se multiplican, la riqueza se aumenta y la pobreza entra en retirada.
El reto de nuestras sociedades es, precisamente, facilitar el crecimiento de esta clase empresarial moderna. Sin embargo, para que esto ocurra se precisa de un entorno ético y transparente. La razón es relativamente simple: Una premisa de la sociedad próspera es que triunfen los más productivos y eficientes; aquellos que ofertan los mejores productos y servicios a los mejores precios, no los mejor conectados. Esto implica la existencia de reglas claras, aplicables a todos, y el juego limpio. La corrupción burla las reglas, no premia al virtuoso sino al inescrupuloso, sustituye el incentivo a ser mejor por el incentivo a ser mañoso, y envenena la libre competencia. Cuando no se la contiene o combate, la corrupción tiende a propagarse y a enfermar todo el cuerpo social, produciendo una desmoralización generalizada. En esas condiciones se vuelve imposible crear una verdadera cultura empresarial, y con ello se vuelve imposible salir de la pobreza. La lucha contra la corrupción no es pues una distracción, o un ideal noble, que se promueve a expensas de las políticas de empleo o de combate a la pobreza, sino que es parte integral de estas mismas.
El establecer una sociedad resistente a la corrupción exige evidentemente que los que tuercen las reglas, abusan y malversan, sean castigados. Condenar verbalmente la corrupción pero no castigar a los corruptos no logra más que alimentar el cinismo y la desesperanza. La construcción de la nueva sociedad a la que todos aspiramos debe tener como cimientos el imperio efectivo de la ética y la justicia.
Por eso mucho bien decía Juan Pablo II, en 1998, que “la lacra de la corrupción ha de ser denunciada y combatida con valentía por quienes detentan la autoridad y con la colaboración generosa de todos los ciudadanos, sostenidos por una fuerte conciencia moral”.
* El autor es rector de Ave Maria College of the Americas y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA
