- Miles de inmigrantes nicaragüenses, legales o ilegales, que han cruzado la frontera hacia Costa Rica en busca de mejorar su situación económica, hoy presionan los servicios de salud y seguridad social del vecino país. No siempre el Estado costarricense logra satisfacer sus necesidades
Elí Josué BravoCorresponsal LA [email protected]
SAN JOSE, COSTA RICA.- La posibilidad de mejorar la calidad de vida, consiguiendo mejores condiciones de trabajo, seguridad y salud han hecho a Costa Rica el destino más atrayente para miles de inmigrantes nicaragüenses.
Ellos, por un lado, aumentan la oferta del recurso laboral disponible y por otro; la demanda de servicios, principalmente de salud, lo que no siempre se encuentra acompañado de un incremento en el financiamiento de los mismos.
La necesidad de acceder a estos servicios cada vez es mayor por parte de los nicaragüenses legales e ilegales, y no siempre, el Estado logra satisfacer sus necesidades porque muchos hospitales públicos no pueden satisfacer a plenitud las carencias del costarricense.
En regiones donde existe alta concentración de estas poblaciones, tales como Guanacaste, en el norte del país; Limón, en el sur; o Alajuela y San José en el área metropolitana la demanda de los servicios de salud es mayor.
GRAN DEMANDA
Funcionarios de la Caja Costarricense el Seguro Social (CCSS), institución encargada de administrar la salud publica en Costa Rica, manifiestan que los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), hospitales y clínicas especializadas de todo el país, están “repletos de nicas”, a tal punto de considerarlos una carga
“Existen miles de nicaragüenses que acuden a todos los centros médicos sin necesidad de ser asegurados. Obviamente son una carga para el Estado, porque muchos de ellos no pagan. Nosotros los encargados de brindar esos servicios, no podemos obviar esa realidad. Por Constitución (artículo 177) y principios universales tenemos que atenderlos”, dice Eduardo Flores, Director del Departamento de Cotizaciones y Asegurados de la CCSS.
DÉFICIT
Datos suministrados por la CCSS indican que el año anterior, la institución invirtió 9,967 millones de colones (398,6 millones de córdobas) en atención a los nicaragüenses, mientras que esta población aportó al Seguro Social ¢5,548 millones. Lo que deja un déficit de ¢4,419 millones consumido por no asegurados. (El cambio con el dólar es aproximadamente 365 colones por uno)
Para el gerente administrativo de la CCSS, René Escalante, este déficit, podría generar un desequilibrio en la atención de los pacientes por parte del Estado, pues los asegurados nacionales y algunos extranjeros, pagan las asistencias médicas de personas que no contribuyen al régimen de seguros.
“Esta entidad invierte lo que percibe. Realmente no se le puede llamar déficit. La Caja distribuye las riquezas que aportan los asegurados. Por el momento hay una capacidad instalada y mientras podamos, los atenderemos en nuestros hospitales. Si el monto aumenta en los próximos años, las oportunidades y el acceso a la salud se irán deteriorando”, manifiesta.
ALTO íNDICE DE NACIMIENTOS
Las mismas cifras manifiestan que los inmigrantes consumen el 6 por ciento de las hospitalizaciones y el 4 por ciento de emergencias y consultas externas a nivel nacional.
El servicio que mayor demandan es el de maternidad, ya que la población inmigrante está en edad reproductiva. Un recorrido realizado por LA PRENSA en varios hospitales de Costa Rica, manifiesta esta realidad.
En Los Chiles, los partos de nicaragüenses se cuantifican en un 55 por ciento, en San Carlos la cifra es del 33 por ciento y en el hospital de las mujeres, en San José, los nacimientos representaron el 14 por ciento, durante el primer semestre del 2002.
Según informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de los 76,627 nacimientos registrados en todo el país el año anterior, 10,627 son de madres nicas, es decir, representan el 14 por ciento de todos los niños nacidos.
El costo total de los servicios para los nicas es casi “incalculable”, de acuerdo a expresiones de varios directores de centros de atención médica, “si se toma en cuenta que en el Hospital de las Mujeres, un parto cuesta alrededor de ¢200,000 colones y en el México ronda los ¢120 mil”.
Este centro médico, el más grande de Costa Rica, es uno de los que más recibe durante todo el año a pacientes nicaragüenses, sobre todo a indocumentados. En los primeros seis meses del año, invirtieron en ellos ¢90 millones, utilizados en servicios de emergencia, cirugías y obstetricias.
Durante los primeros ocho meses del 2002, en el Hospital de San Carlos se han atendido unos 27,000 pacientes originarios de Nicaragua, generando un gasto de ¢300 millones para la CCSS, en esta zona.
SÓLO EMERGENCIAS
Según lo establece el artículo 61 de la ley interna de la CCSS, las personas no aseguradas serán atendidas en caso de una emergencia y los gastos económicos que se generen en su atención, correrán bajo la responsabilidad del paciente.
“En este caso, sólo se le da servicio en caso de emergencias, de lo contrario ellos pagan el servicio o se trasladan a su país a curar su enfermedad”, asegura el Dr. Eduardo Sánchez , Director del Hospital México.
Según René Escalante cuando estas personas son atendidas en cualquier hospital costarricense, el monto económico que se les cobra es de acuerdo a su condición socioeconómica. “El dinero —explica— casi nunca se recupera, no sólo por cuestión de localización, pues el deudor una vez que se atendió se esconde, cambia de dirección o se va para Nicaragua, sino también, porque las leyes de nuestro país son muy débiles”.
Escalante agregó que existen ciertos ciudadanos que le prestan sus documentos al que no los tiene y otras que consultan una misma enfermedad en varias clínicas y hospitales con tal de recoger medicamentos y enviarlos hacia su país. “Además de ser un delito, esto puede generar una mala praxis”, dice.
PARA MUESTRA UN BOTÓN
Consuelo Morán, de 40 años, es una leonesa que vive desde hace diez años en Costa Rica. Aunque se acogió al régimen de amnistía que brindó la administración Rodríguez en 1998, su trabajo de tres días a la semana no le ha permitido tener un seguro permanente.
En julio anterior, en el Hospital México le extirparon unas úlceras cancerosas en la vagina. En ese momento, todos los gastos de operación y estadía hospitalaria corrieron a cuenta del Estado, al demostrar mediante un estudio sus carencias económicas.
Ahora se siente preocupada al no saber si su enfermedad está curada o alguna raíz le puede estar generando nuevamente las úlceras. Tenía programada consulta el cinco de diciembre, pero no puede visitar al médico porque el seguro que el Estado le otorgó no era permanente y ya se le venció. Tampoco puede visitar una clínica privada por el poco dinero que gana.
El problema de Azucena Arias es aun peor. Ella tiene una hija de 24 años que posee deficiencias físicas y mentales, y a menudo convulsiona. Desde que la trajo de Managua en 1998 no le ha podido dar continuidad a su enfermedad, pues no tiene documento alguno que la identifique.
La pastilla que le controla la epilepsia las manda a traer con una amiga a Nicaragua, a sabiendas que para las autoridades de salud constituye un delito.
Se siente desilusionada, su marido le brinda poca ayuda económica y presume que las enfermedades de su hija pueden empeorar en caso de que no la atienda un especialista.
Teme llevarla a un hospital y de inmediato pueda ser deportada. “Realmente necesito ayuda, No sé qué hacer, cuando les fallan las pastillas, convulsiona hasta dos veces por día. Mi condición económica no me permite comprar muchas, ni tampoco llevarla donde un especialista”, comenta angustiada.
INDOCUMENTADOS DE LA CARPIO MÁS AFECTADOS
Los más afectados con estas medidas de la CCSS son los pobladores del precario La Carpio, en San José. Se estima que la mayoría de los 25,000 nicaragüenses que viven en esa localidad, son indocumentados.
El doctor Oscar Montero, Director del EBAIS de La Carpio, dice que ellos a veces hacen excepciones y atienden al menos por una ocasión a personas que ameriten tratamiento médico.
“El ejemplo claro de estas excepciones fue cuando a mediados de años se brotó la epidemia del dengue. Incluso nosotros teníamos que ir hasta sus hogares para que recibieran medicamentos, pues ellos no se reportaban y creían que los íbamos a deportar, algo que no sucedió”, sostuvo.
MILES NO RECIBEN BENEFICIOS
Sin embargo, no toda la población inmigrante puede adquirir la prestación de estos servicios, pues no todos los residentes e indocumentados son asegurados por sus patronos.
Cifras de la CCSS, revelan que el 66 por ciento de los 190,000 nicas censados en el año 2000, recibe los beneficios que otorga el Seguro Social; sea por seguro directo, por el Estado o por convenios institucionales. El restante 44 por ciento no puede acceder a ningún centro médico estatal, a menos que se trate de una emergencia.
Este 44 por ciento de nicas sin servicios, podría aumentar significativamente, tomando en cuenta que las autoridades estiman que en los últimos dos años el flujo de indocumentados en Costa Rica ha sido “enorme”
“Muchos patronos nacionales, contratan a miles de personas indocumentadas al margen de la ley con el objetivo de evadir el pago de las cargas sociales, generando desequilibrio en el acceso a los servicios de salud”. dijo el gerente administrativo de la CCSS, René Escalante.
“También se conoce de nicaragüenses que emigran específicamente a este país con el objetivo de curar enfermedades, porque tal vez creen que aquí el sistema de salud es un poco superior al de su país de origen”, dice Escalante.
ES MEJOR LEGALIZARLOS
“Le resulta más barato al gobierno, que a estos indocumentados se les resuelva su problema migratorio para que luego contribuyan honestamente, que estar invirtiendo en ellos sin necesidad de percibir que paguen por la atención que perciban”, consideró Oscar Montero, Director del EBAIS de La Carpio, donde se estima que la mayoría de sus 25,000 habitantes son indocumentados.
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