- Mediante la firma de dos convenios que rondan el medio millón de dólares cada uno
Ary Neil Pantoja [email protected]
Como cierre de año, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los representantes de la Cooperación Española firmaron dos nuevos convenios, uno por la cantidad de 410,576 euros (igual cantidad en dólares) y el otro por 424,951 euros, ambos previstos a ejecutarse en un período de tres años.
El primer convenio se denomina Fortalecimiento del Poder Judicial en los ámbitos de planificación, formación y medicina forense. Con ello se pretende apoyar a ese poder del Estado en la elaboración de un plan global quinquenal para el período 2003-2007.
El plan global, según el convenio, será elaborado por un equipo conformado por funcionarios del Consejo General del Poder judicial de España y expertos en planificación en el sector público, así como por funcionarios que designe la CSJ de Nicaragua, siempre en los ámbitos ya señalados.
APOYO AL DESARROLLO NORMATIVO
El convenio incluye la continuación del apoyo al Centro de Documentación Judicial y al desarrollo normativo de la CSJ; reforzar la Escuela Judicial en Nicaragua; organizar el curso de ingreso a la carrera judicial; desarrollar una capacitación para todos los médicos forenses del país sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal e informatizar al Instituto de Medicina Legal (IML) para contar con el historial clínico de cada paciente y garantizar su seguimiento para dar respuesta a las necesidades del sistema legal.
CONVENIO PARA SIMPLIFICAR EL PROCESO PROBATORIO
El segundo convenio se denomina “Mejora y simplificación del procedimiento probatorio en los casos de violencia contra las mujeres”, y al igual que el anterior será ejecutado en tres años con la finalidad de “simplificar” el proceso probatorio de los delitos de violencia intrafamiliar, así como de delitos sexuales contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
El proyecto incluye la capacitación a los funcionarios del Poder Judicial, personal médico forense; del Ministerio Público y Policía Nacional, con el fin de evitar “la revictimización” de los afectados. El proyecto también pretende la formación y capacitación de médicos, sicólogos y siquiatras para el tratamiento de las víctimas de violencia intrafamiliar o abusos sexuales.
De manera general, según el proyecto, se pretende hacer más expedito el proceso probatorio de este tipo de delitos con la ayuda de los médicos forenses y demás personal involucrado.
Ambos convenios fueron firmados ayer por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y el embajador de España en Nicaragua, Ignacio Jesús Matellanos.
