Sergio [email protected]
No intento abordar históricamente el tema relaciones Iglesia-Estado, por tres razones fundamentales: la primera es que para ese propósito mejor tomo algún curso especializado en universidad de prestigio; la segunda es que me resisto a aceptar mitos y determinismos criollos; y la tercera es porque no es el propósito de este artículo.
Mi intención es referirme a las actuales relaciones entre algunas autoridades de la Iglesia Católica y el Poder Ejecutivo, que ya todos han entendido se encuentran deterioradas. Y aunque no se conocen detalles, se advierten indicadores importantes. Entre los más relevantes, de parte de las autoridades eclesiásticas, están: 1-Se les reclama que no han condenado los evidentes actos de corrupción de la administración de Arnoldo Alemán. 2- Se dice que sus comentarios aparentan defensa de los acusados de corrupción. 3- Que lo anterior indica que no apoyan los legítimos esfuerzos por sembrar una cultura de honestidad y transparencia en nuestro país. 4.- Y hasta se cree que ahora se entienden muy bien con Daniel Ortega, al extremo de acordar con él decisiones políticas que prolongan crisis institucionales.
Pero desde el Poder Ejecutivo se destacan signos que supongo resultan también confusos: 1.- Que la denuncia y acusaciones de corrupción se limitan a la administración de Arnoldo Alemán. 2.- Alguien tuvo la macabra idea de sugerirle al Cardenal Obando y Bravo que don Enrique buscaba separarlo de su cargo como Arzobispo de Managua. Las explicaciones no parecen haberlo convencido y ahora se revelan iniciativas de particulares que enturbian el ambiente. 3.- Algunos perciben como dañina la supuesta eliminación de la ayuda parcial del Estado a sensibles obras sociales de la Iglesia. Necesidades que el Estado no atiende eficazmente. 4.- Los efectos de esta falta de comunicación y entendimiento lucen haber sido terriblemente subestimados.
Si estas no son todas las evidencias que reflejan la afectación de relaciones…, no importa: son suficientes y son graves. En mi opinión, ya muchos católicos sufren un peligroso desconcierto, advirtiéndose cierta división que no parece ser tomada en cuenta. Si este distanciamiento persiste, será cada vez más difícil superarlo y peores sus consecuencias. Mientras tanto, los enemigos comunes no ocultan su regocijo y sacan el mayor provecho.
Considero que sanar este distanciamiento es imperativo. Buscar la manera de lograrlo debería ser prioridad para los involucrados, considerando la libertad y la capacidad que tienen para hacerlo, y la ineludible responsabilidad que sin duda comparten.
Creo firmemente que la humildad y el coraje para salvar este absurdo aún tienen suficiente cabida. Preguntarse qué ha sucedido, cuándo, cómo y porqué, es tarea que deben cumplir juntos, sacudiéndose las voces cercanas que posiblemente marcaron la agenda equivocada y no aportaron la sabiduría requerida. Este asunto, de todas maneras, se resuelve entre muy pocas personas y directamente. El cómo hacerlo, ellos sabrán. Ese consejo no suponen necesitarlo los líderes que buscan el bien común.
Desde mi condición de laico católico, que ama a la Iglesia y apoya el combate contra la corrupción… exhorto y llamo a todo pulmón al restablecimiento de la comunicación y saneamiento de relaciones entre autoridades eclesiásticas y Poder Ejecutivo. Estimo que recogo las voces de quienes profundamente lamentamos lo que ocurre.
Escribir esto me ha resultado urgente. Aún en contra de consejos de amigos, unos cercanos al Poder Ejecutivo y otros a la jerarquía de mi Iglesia.
El autor es vocero de la PGR.
