- Enrique Bolaños ordenó la suspensión de esa práctica, dice ex directora del CIPS
Ary Neil Pantoja [email protected]
La ex directora del Centro de Insumos para la Salud (CIPS) del Ministerio de Salud (Minsa), Rosario Meza Soto, confirmó ayer el uso de medicinas propiedad de este Ministerio, en la campaña electoral del hoy presidente Enrique Bolaños Geyer, y que fue el mismo Bolaños quien ordenó la suspensión de esta “práctica”, cuando Gustavo Porras hizo pública la denuncia ante los medios de comunicación.
En casi cinco horas de declaración como testigo en el caso de delitos electorales, Meza narró cómo la ex ministra de Salud, Mariángeles Argüello, autorizó las donaciones de medicamentos a la Oficina de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República, al despacho de la Primera Dama, a la Fundación “María Dolores Alemán Cardenal”, a la Resistencia Nicaragüense y a Polos de Desarrollo (Poldes).
Según Meza, parte de estas donaciones fueron utilizadas en la campaña electoral del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Es más, dijo Meza, no toda la donación llegaba a los lugares mencionados, sino que parte del cargamento de medicinas se quedaba en una casa donde funciona el organismo que identificó con el nombre de “Carita Feliz”, a pesar que las remisiones especificaban los destinos de las donaciones.
Sin embargo, Meza dijo que tuvo conocimiento del “verdadero uso” de las medicinas, cuando recibió la primera devolución de medicamentos —ordenada por Bolaños—, y en los frascos de las medicinas figuraban las siglas del PLC. Las devoluciones, agregó, las hizo el doctor Oscar Martínez Campos, encargado de las Brigadas Médicas del PLC conformadas por este partido con fines electorales.
Dijo que fue Mariángeles Argüello quien le comunicó, vía telefónica, que por “órdenes del candidato presidencial” las medicinas donadas debían ser devueltas al CIPS, y que se pusiera de acuerdo con el doctor Martínez Campos para la recepción de los medicamentos. “Fue así que por órdenes de la ex ministra, se estableció una bodega totalmente vacía en el CIPS para almacenar los medicamentos devueltos y que quedaran en resguardo”, expresó Meza.
INVESTIGACIÓN JAMÁS EXISTIÓ
Meza reiteró que quienes autorizaban las donaciones eran la entonces ministra de salud, Mariángeles Argüello; la directora de Normación del Minsa, Maritza Narváez, y el director del CIPS, aunque aclaró que cuando asumió ese cargo los donativos ya estaban autorizados y firmados por el director anterior, Franklin Sujo (q.e.p.d.).
Meza explicó que la denuncia pública del actual diputado Gustavo Porras en torno al uso de medicamentos del Minsa con fines electorales por parte del PLC, era correcta y que nunca existió una investigación sobre el caso. “Lo que se hizo fue que en el Minsa elaboraron un informe que reflejara los resultados de la supuesta investigación y luego se nos obligó a firmarla a los miembros de una comisión investigadora que tampoco existió”, dijo.
Según Meza, en la elaboración del informe participó la misma ministra Argüello y el entonces asesor legal del Minsa y actual procurador específico, Mauricio Lacayo. “El objetivo era tapar la denuncia de Porras y callar a los medios de comunicación. Por eso fue que también se orientó la devolución de los medicamentos”, señaló.
Meza fue procesada en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, por la sustracción de medicamentos de las bodegas del CIPS, mientras ella fungía como directora de esa instancia. En una sentencia interlocutoria, la juez suplente Alia Dominga Ampié, la sobreseyó definitivamente.
El fallo judicial le costó a Ampié una suspensión temporal dictada por la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero fue restituida en el cargo hace un mes. Casualmente, Meza compareció ayer ante Ampié, esta vez en calidad de testigo.
El procurador específico para el caso, Mauricio Lacayo, apeló la sentencia emitida por Ampié y actualmente la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua no ha emitido una resolución en torno al caso.
Por otra parte, ayer en los Juzgados de Managua, los abogados defensores criticaron fuertemente el actuar del fiscal Elton Ortega quien por momentos parecía más abogado de la testigo, que representante del Ministerio Público, pues se dedicó a impugnar todas las preguntas de la defensa.
MEZA ABRIÓ LA BOCA
Ante las respuestas evasivas que daba a las preguntas de los abogados defensores sobre su responsabilidad en el “uso indebido” de las medicinas, Rosario Meza decidió hablar “con la verdad” y fue así que se refirió al informe de la investigación interna que nunca existió.
Agregó que tanto ella, como el resto de integrantes de la “comisión investigadora”, que tampoco existió, y exceptuando a Mauricio Lacayo, fueron obligados a firmar el “informe”. Los otros integrantes de la comisión eran el doctor Stanley Atha Ramírez, entonces viceministro de Salud; Maritza Narváez, directora de Normación, y Sergio Machado.
Pero quien hizo que Meza cambiara su actitud evasiva fue el abogado Publio del Socorro Bautista Lara, defensor de Miguel Ángel García. Invocando el artículo 160 del Código de Instrucción Criminal, Bautista solicitó a la juez Alia Dominga Ampié, decretara el arresto inmediato de Meza “por sus respuestas evasivas y vacilantes, bajo sospecha de ocultar información sobre el caso que se investiga”.
