En estricto sentido de equidad y de realismo político, el sueldo de los altos funcionarios gubernamentales no debería ser mayor que el de los ejecutivos superiores de la empresa privada nicaragüense. Además, sería un acto de justicia reducir las jugosas pensiones vitalicias que disfrutan los ex presidentes y ex vicepresidentes de Nicaragua. Y en el caso de estos últimos, se deberían suprimir las pensiones a quienes renunciaron al cargo para optar a la Presidencia de la República.
En realidad, mientras el Estado continúe siendo el máximo empleador de Nicaragua, quienes no pueden competir y crecer en el sector privado, o simplemente no han tenido suerte en los negocios particulares, inevitablemente seguirán buscando por cualquier medio los mejores cargos y remuneraciones en el Gobierno. Y en términos generales, las muchas personas desocupadas forzosas que hay en el país, continuarán luchando por conseguir y mantener un empleo público en el nivel y con la remuneración que sea. Pero, peor aún, mientras el Estado siga siendo una fuente de prebendas para políticos y personas venidas a menos, las condiciones que propician la ineficiencia y la corrupción no van a desaparecer.
Sin duda que la lucha contra la corrupción pasa necesariamente por el desafuero de Arnoldo Alemán para que rinda cuentas ante la justicia por las acusaciones de corrupción. Pero no hay que parar allí sino que también se debe desincentivar la función pública y el empleo en el Estado, que no se ve como un medio de servicio sino como una ganga para enriquecerse o medrar.
Estamos claros de que para disminuir la demanda de cargos estatales y, por lo tanto, para reducir los desmedidos emolumentos de los altos funcionarios, hay que atraer más inversión extranjera, crear oportunidades de empleo y, en general, desarrollar la economía nacional “bajo el rol protagónico de la iniciativa privada”, como dice la Constitución (artículo 99) que debe ser. Sin embargo no es justo ni ético esperar hasta que la economía nacional se desarrolle lo suficiente para disminuir las excesivas remuneraciones en el Estado y armonizarlas con el promedio nacional de sueldos y salarios.
El gobierno del presidente Enrique Bolaños ha hecho bien al suprimir “técnicamente” los complementos de sueldos que se repartían indecorosamente por debajo de la mesa. Y también es loable la supresión de los estipendios (que en realidad son los mismos sobresueldos con otro nombre) y la decisión de sumar en una sola remuneración todos los emolumentos que reciben los altos funcionarios gubernamentales.
Pero eso no es suficiente. Los salarios de los integrantes de la cúpula gubernamental y estatal siguen siendo desmesurados y continúan pesando insoportablemente sobre las espaldas de los pocos contribuyentes, fomentando la corrupción política y frenando el desarrollo económico y social del país.
Se comprende que corresponde la naturaleza humana que quien tiene poder temporal y autoridad para aumentar su remuneración, lo haga. Pero no es justo hacerlo en un país donde más de la mitad de sus habitantes desfallecen en la pobreza y la miseria; ni es correcto que eso ocurra en una sociedad en la que la inmensa mayoría de quienes trabajan a diario para financiar al Estado —y por lo tanto para pagar los jugosos emolumentos de la cúpula estatal— no tiene la misma posibilidad de aumentarse los sueldos y salarios, que dicho sea de paso, se deterioran incesantemente como consecuencia del deslizamiento monetario y de la inflación.
Hace apenas un mes que algunos diputados presentaron una iniciativa de ley para regular, moderar y estandarizar los sueldos de los altos funcionarios públicos. En esa ocasión se habló de que las disposiciones previstas en dicho proyecto de ley se podrían incluir en la Ley del Presupuesto General de la República del próximo año, a fin de hacerlas efectivas a partir de enero del 2003.
Los diputados que asumieron ese compromiso público, que por cierto fue bien recibido por la sociedad, están obligados a cumplirlo. Pero, además, deberían comenzar por unificar todos sus ingresos en una sola remuneración, y dejar de ser evasores fiscales como lo son hasta ahora debido a que formalmente ganan un sueldo equivalente a menos de quinientos dólares mensuales, siendo que en realidad perciben más de cinco mil dólares.
