El lunes de la semana pasada señalamos en esta misma columna editorial (“Ahora el siguiente paso”) que el gobierno de EE.UU. no debía quedarse en la exhortación y advertencia que hizo la embajadora Barbara Moore el viernes 22 de noviembre a los diputados liberales, de que no sigan haciendo de la Asamblea Nacional un refugio de quienes le han robado al pueblo, y que los que persistan en obstaculizar la lucha contra la corrupción no serán considerados como amigos de los Estados Unidos.
La embajadora Moore no mencionó a nadie por su nombre, pero todo Nicaragua sabe que son precisamente el ex presidente Arnoldo Alemán, el diputado liberal a la Asamblea Nacional, David Castillo, y la diputada también liberal al Parlamento Centroamericano, Marta McCoy, quienes se han amparado en la inmunidad parlamentaria para evadir el juicio por las acusaciones de corrupción que los espera en los juzgados de Managua, en vez de acudir voluntariamente a demostrar su alegada inocencia.
Ahora el gobierno estadounidense ha dado otro paso muy importante en respaldo a la lucha contra la corrupción que está librando el Presidente Enrique Bolaños con el apoyo manifiesto de la abrumadora mayoría del pueblo nicaragüense. Tal es, sin duda, la suspensión del visado de Arnoldo Alemán para entrar a Estados Unidos, lo que cuando menos significa una grave humillación personal y política al controversial ex presidente liberal de Nicaragua.
Como era de esperarse, la reacción de los acusados de corrupción y de sus aliados políticos y espirituales, ha sido acusar a Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Pero son patéticos esos argumentos en boca de quienes ya están derrotados política y moralmente –repudiados por la opinión pública nicaragüense y despreciados por la comunidad democrática internacional-, y el único camino que les queda es someterse a los tribunales de justicia. En tanto que a los diputados liberales que no están comprometidos directamente con la corrupción pero que por una lealtad política mal entendida siguen apañando a los corruptos, sólo les queda la opción de atender el clamor del pueblo y las demandas de la comunidad internacional.
Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la soberanía nacional y los principios de la no intervención no pueden ser invocados para justificar la corrupción y proteger a los corruptos. La corrupción es un crimen contra la humanidad –igual que el genocidio, el terrorismo y el narcotráfico-, y por lo tanto la comunidad internacional tiene la obligación de perseguirla donde y hasta donde sea necesario, así como el compromiso de ayudar a aquellos países, gobernantes y pueblos que, como el de Nicaragua, luchan en condiciones muy adversas contra una mafia de corruptos que no sólo saquearon al país sino que además secuestraron, mancillaron y desacreditaron las instituciones democráticas.
En la nueva situación internacional, si las instituciones de defensa y seguridad de un Estado o país no combaten al terrorismo de manera activa y eficaz, inevitablemente lo tendrá que hacer la fuerza internacional de los países libres y democráticos. Si cada gobierno o Estado es incapaz o no tiene la voluntad de luchar contra el narcotráfico, más temprano que tarde tendrá que pedir y aceptar la intervención de fuerzas exteriores para combatirlo. Y donde no hay voluntad, ni la fuerza y la capacidad suficiente para luchar contra la corrupción y castigar a los corruptos, la comunidad internacional tiene que ayudar a poner fin a los latrocinios y la impunidad.
La corrupción, igual que las dictaduras, el terrorismo y el narcotráfico internacional, es un gran obstáculo a la modernización, la inversión de capital, el desarrollo económico, la lucha contra la pobreza, el comercio libre, y la expansión sin fronteras de los avances de la tecnología, la ciencia y la cultura. Y por lo tanto, la lucha por erradicar la corrupción, por democratizar los Estados y vencer al narcotráfico y el terrorismo, son tareas individuales que debe librar cada cada nación por separado, pero al mismo tiempo constituyen obligaciones conjuntas de la comunidad democrática internacional.
Los diputados liberales que todavía tienen tiempo de rectificar deberían esforzarse por entender los signos de los tiempos, y aunque sólo sea por realismo político ponerse del lado de la justicia y la ley y votar por el desafuero de Arnoldo Alemán y compañía.
