- Cuerpo es acusado de graves violaciones a Derechos Humanos
AFP
GUATEMALA.- El Presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, presentó al Congreso un proyecto para eliminar el Estado Mayor Presidencial (EMP), un cuerpo militar que da seguridad al Presidente de la República y es acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos, informó este jueves una fuente legislativa.
“Entró al pleno como iniciativa de ley del presidente Portillo y fue enviada a las comisiones de Defensa y Legislación y de Puntos Constitucionales, para que emitan su dictamen si procede o no”, dijo a la AFP la diputada del minoritario partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Nineth Montenegro.
“El problema es que los diputados oficialistas (del Frente Republicano Guatemalteco, FRG-derecha), dan la impresión que sólo quieren cumplir un trámite, porque no la divulgaron a la prensa y hay mucho hermetismo”, comentó la parlamentaria, una fuerte crítica del aparato militar.
“Para conocer la certeza de que el gobierno realmente quiere desmovilizar (el cuerpo militar) a partir del 1 de noviembre del 2003, invitamos a una reunión con la bancada el 6 de diciembre, al jefe del EMP, coronel Raúl Castillo”, explicó Montenegro.
Entre sus postulados, el proyecto establece que la seguridad del Presidente y Vicepresidente de la República, y sus respectivas familias, estará a cargo de un cuerpo civil, en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).
La SAAS, fundada hace dos años, ya cuenta con 200 agentes de los 350 que debe aglutinar y brinda seguridad al vicepresidente, varios ministros a Portillo y su familia.
También el proyecto estipula que el jefe de la SAAS será nombrado por el presidente, y tendría las mismas calidades de un ministro. Además, que los fondos de su funcionamiento estarían asignados en el Presupuesto General de Gastos.
Una Comisión de Esclarecimiento Histórico, patrocinada por las Naciones Unidas para investigar los crímenes de la guerra civil de 36 años, presentado en 1999, señaló a la Inteligencia Militar y al EMP como responsables de elaborar listas de los que debían ser reprimidos y “procedían según los casos, a su captura, interrogatorio, tortura, desaparición forzada, o a su ejecución”.
