- Se conoció que el mandatario podría presentar un Recurso de Amparo Administrativo contra el nombramiento de la fiscal electoral
- Amparo se interpondría después
que se decida el desafuero de Alemán
Consuelo Sandoval [email protected]
El presidente Enrique Bolaños podría ampararse contra la decisión del Ministerio Público de designar a la fiscal especial electoral Blanca Salgado, quien promovió en su contra una acusación por delito electoral que habría cometido presuntamente por no reportar recursos donados utilizados en su campaña electoral.
Extraoficialmente se conoció que el mandatario sometería un Recurso de Amparo Administrativo contra la decisión del Ministerio Público de designar a Salgado, considerando que su Ley Orgánica en el artículo 38 le concede la exclusividad de la acción penal, excepto cuando se trate de la representación del Estado que la ejerce la Procuraduría y que es el caso del Presidente y Vicepresidente de la República.
La ex presidenta del Poder Electoral, Rosa Marina Zelaya, negó que el equipo jurídico esté planteando el Recurso de Amparo Administrativo a favor del mandatario.
Explicó que el recurso de Amparo Administrativo se somete ante la Corte Suprema de Justicia en distintos escenarios y que se interpone contra un hecho de una autoridad que se supone se está arrogando atribuciones que no le corresponden o porque administrativamente hay una resolución dónde se siente que se está vulnerando algún derecho constitucional.
Aclaró que esa será una decisión que deberá adoptar Bolaños, pero que en este momento no está pensando en promover ese Recurso de Amparo Administrativo.
Novoa argumentó que según el artículo 178 de la Ley Electoral, corresponde a la Procuraduría y no al Ministerio Público nombrar a una Procuraduría Específica Electoral, seis meses antes de cada elección, que cesará en sus funciones una vez resueltos los problemas correspondientes.
El abogado Alberto Novoa, del equipo jurídico que defenderá a Bolaños, también invocó el artículo 183 de la Constitución Política, el cual establece que “ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.
Zelaya contradijo al magistrado Marvin Aguilar, quien declaró que el máximo Tribunal de Justicia se encargará exclusivamente de conocer la causa contra Bolaños y que la del vicepresidente José Rizo sería tramitada por los tribunales comunes.
Recordó que la Constitución Política en su artículo 130 dice claramente que la Corte Suprema de Justicia en pleno es competente para conocer los casos de privación de inmunidad del Presidente y el Vicepresidente de la República.
NO DESCARTA
El abogado Alberto Novoa, miembro del equipo jurídico que defenderá al presidente Enrique Bolaños, no descartó la presentación del Recurso de Amparo Administrativo contra la designación de la fiscal electoral Blanca Salgado, alegando que no posee facultades para denunciar al mandatario.
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