Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
La Fiscalía General de la República hizo efectiva ayer la acusación por presunto delito electoral y fraude en contra del presidente y el vicepresidente de la República, Enrique Bolaños Geyer y José Rizo Castellón, como autor y cómplice, respectivamente.
La fiscal Electoral, Blanca Salgado, introdujo la acusación ante la Corte Suprema de Justicia presentando informes financieros suministrados por la Superintendencia de Bancos.
Luego que la fiscal presentara su escrito acusatorio, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que aclara que Bolaños y Rizo pueden ser procesados por ese poder del estado sólo una vez que sean privados de su inmunidad.
Asimismo, señalan que la CSJ “no ha admitido, ni rechazado la denuncia interpuesta por la Fiscalía General de la República. Se ha pronunciado al respecto totalmente apegada a Derecho con el espíritu ético y en observancia a la Ley”.
La acusación en contra de Bolaños y Rizo, interpuesta por Salgado, contempla el delito electoral en perjuicio de la sociedad nicaragüense al violentar el derecho a elecciones limpias y transparentes, como lo mandan la Constitución Política y la Ley Electoral.
La inclusión del delito de fraude en perjuicio del Estado se sustenta en que varias sumas de dinero salieron del Estado con destino a la Fundación Democrática Nicaragüense, cuyos fondos fueron utilizados para cubrir los gastos que ocasionó la campaña electoral del Partido Liberal Constitucionalista.
“Estamos hablando de más de 60 millones de córdobas. Hay cantidad de documentación que nos vino de los bancos. Son cinco cuentas las que el equipo de campaña manejó, y hay varias a nombre del ingeniero Enrique Bolaños, Leonardo Somarriba y Leonardo Vasalli”, afirmó la fiscal.
ACUSACIÓN BASADA EN DIEZ CUENTAS
Y es precisamente en tres cuentas manejadas en el Banco Caley Dagnall, seis en el Banco de la Producción (Banpro) y una radicada en este mismo banco, que pertenece al St. George Bank, que la Fiscalía solicitó levantar el sigilo bancario y tributario, además de inspección judicial, para establecer que las cantidades de dinero recibidas del extranjero no fueron reportadas al Consejo Supremo Electoral ni fueron utilizadas como lo manda la Ley Electoral.
“Ambos tenían conocimiento de las fuentes de financiamiento que alimentaron los fondos usados en la campaña electoral (…) decidieron callar y esconder maliciosamente al Consejo Supremo Electoral y a la Contraloría General de la República, lo que por la ley estaban obligados a declarar”, señala en su parte medular la acusación.
¿ACUSACIÓN POR LAVADO?
La Fiscalía se reservó el derecho de acusar por cualquier otro delito al presidente Enrique Bolaños y al vicepresidente José Rizo, y no se descarta que sea por lavado de activos. Posiblemente en la próxima semana, la denuncia radicada en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen, en contra de treinta miembros del PLC pasará a ser acusación por delitos electorales.
