- Jorge Castillo Quant sostuvo que desconoce la ilegalidad de los fondos que sufragaron la campaña electoral del PLC
Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
El presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jorge Castillo Quant, quien enfrenta una denuncia promovida por la Fiscalía, por presunto delito electoral, negó conocer de la supuesta ilegalidad de los fondos que sufragaron los gastos de la campaña de ese partido.
“No tengo ningún conocimiento, mi dedicación como presidente del partido está en la parte administrativa y organizativa”, argumentó.
Según Castillo Quant, el dinero proveniente de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) no fue a parar a las cuentas bancarias del PLC en el país, sino que iban directamente a la campaña del Presidente de la República, Enrique Bolaños Geyer.
El procesado se presentó ayer ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, a declarar como indagado en el caso, sin embargo fue pospuesto para hoy, debido a la ausencia de su abogado defensor.
En el proceso por delito electoral se señala que la FDN se alimentó con dinero sustraído de varias instituciones del Estado, durante la administración Alemán, para financiar la campaña electoral, tiempo en el cual Castillo Quant recuerda que las firmas libradoras de los cheques eran las de Byron Jerez, David Robleto y Gilberto Wong, todos tesoreros del partido rojo.
El hoy procesado dijo que se invirtieron entre 48 y 50 millones de córdobas en la campaña electoral, fondos que —según él— se recaudaron a través de contribuciones del cinco por ciento del salario de los empleados liberales que laboraban en entes estatales, y donaciones.
La fiscal electoral Blanca Salgado indicó que con las declaraciones del presidente del PLC, pretende aclarar “ciertas cosas que están en el aire, en el proceso de investigación”, tales como el contenido de algunas certificaciones.
ALEGAN NULIDADES DEL JUICIO
En tanto, el abogado defensor de Fausto Carcabelos, Director General de Aduanas, de acuerdo a la Ley Electoral y a la Ley Orgánica del Ministerio de Gobernación, alegó que únicamente le corresponde a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) emprender las acciones penales en nombre del Estado.
“Cuando la juez levanta el autocabeza de proceso (o abre proceso judicial por delitos electorales) dice: sígase el instructivo por delitos electorales en contra del Estado, por tanto estamos mandando a que le dé la intervención de ley a la PGJ en representación del Estado”, declaró Silvio Grijalva Silva, defensor de Carcabelos.
Otra de las nulidades planteadas es la ilegalidad del nombramiento de la Fiscal Electoral, por extemporaneidad. “Se debió haber nombrado seis meses antes y durante el transcurso de las elecciones. En este caso el nombramiento de ella (de la fiscal electoral) es el diez de septiembre del presente año”, señaló Grijalva.
“La fiscal violentó la ley de identificación ciudadana en la cual debió haber sido cotejada su cédula de identificación a la hora de interponer los escritos, de igual forma las supuestas pruebas o evidencias que ella presenta en contra de los procesados no están debidamente certificadas ni cotejadas con originales”, finalizó.
