Emilio Álvarez Montalván
La denuncia o acusación del Fiscal contra el Presidente y el Vicepresidente por supuestos delitos electorales debe ser rechazada ad portas por la Corte Suprema de Justicia:
1.– Por no existir un procedimiento que señale a la Corte lo que debe hacerse en ese caso. 2.– Porque en Derecho Penal, que es de orden público, no caben las analogías. Esto, para el caso que se pretenda por analogía usar el procedimiento establecido en el Código de Instrucción Criminal para proceder penalmente contra los funcionarios judiciales. 3.– Porque es obvio que ya finalizó el período electoral, único tiempo en que una acusación de ese tipo hubiera podido prosperar. 4.– Porque el Fiscal no tiene facultades legales denunciatorias, sólo acusatorias, y en este caso denunció, no acusó.
Estas formalidades legales son suficientes para que la Corte Suprema de Justicia sin necesidad de entrar al fondo del asunto se abstenga de conocer esa denuncia que evidencia únicamente un interés político en desestabilizar la institucionalidad, para proteger a quienes se les sigue proceso por corrupción comprobada.
Sólo una complicidad de los magistrados en esa maniobra política podría dar lugar a una peligrosa situación.
La ciudadanía debe estar atenta para saber quiénes de esos honorables magistrados votan por la razón jurídica y quienes no. La historia juzgará a los responsables.
