En un esfuerzo de última hora para evitar el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán, los miembros arnoldistas de la comisión parlamentaria que se conformó para estudiar la solicitud de desafuero correspondiente, pretenden que la votación en el plenario sea secreta. Eso es algo que no debería permitirse bajo ningún punto de vista porque, a todas luces, la intención detrás de ese intento es la de permitir que algunos de los que han dicho que votarán por el desafuero se echen para atrás en el momento de la votación y ocultar ese hecho ante sus electores.
Veinte de los diputados ante la Asamblea Nacional son electos en circunscripción nacional, y los setenta restantes en circunscripción departamental y de regiones autónomas. Pero independientemente de ese hecho, todo diputado en su carácter de representante del pueblo tiene dos obligaciones fundamentales: obedecer los principios y reglamentos del cuerpo legislativo en el cual sirve y, dentro de ese marco, urgir la consideración de los intereses de sus representados. Y la única manera de que sus electores pueden conocer si están cumpliendo a cabalidad en lo que se refiere a la representación de sus intereses es conociendo siempre cómo los diputados han votado en todos y cada uno de las distintos temas sometidos a consideración del plenario.
Es cierto que el sistema actual mediante el cual son electos los diputados, no le permite a los electores la destitución de éstos (revocación de mandatos) en caso de estar insatisfechos con su labor, e incluso se les dificulta no votar por ellos otra vez en caso de que su partido los vuelva a proponer en una posición privilegiada en unas elecciones futuras. De ahí la urgencia que existe para reformar la Ley Electoral y permitir la elección uninominal.
Es cierto, también, que el Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional contemplan la posibilidad del voto secreto, pero la Directiva de la misma, que es la que en última instancia decide si la votación será pública o secreta, no debe, por ningún motivo permitir el voto secreto en esta oportunidad. Lo que está de por medio es de trascendental importancia para el futuro del país.
Como es sabido, una mayoría de 47 diputados destituyó hace algunas semanas a la Junta Directiva anterior por desacatar los mandatos judiciales que le exigían la consideración del desafuero del doctor Alemán y de otros tres diputados, y por irrespetar también el reglamento de la misma Asamblea. Esa precaria mayoría está compuesta por 38 votos sandinistas y por 9 de otros partidos. Todos ellos se han comprometido a votar por el desafuero planteado. El Frente Sandinista hasta ha puesto por escrito su compromiso irrenunciable de que sus 38 estarán disponibles para votar a favor del desafuero de Alemán. No obstante, se dice que algunos diputados rojinegros han expresado en privado no estar interesados en el desafuero del ex presidente. Una votación secreta le daría a éstos una oportunidad de oro para no cumplir con lo prometido por su bancada, y lo que sería peor, la ciudadanía no tendría forma de saber cuáles de los diputados sandinistas traicionaron su promesa. Igual sucedería con los diputados no sandinistas.
Hay quienes argumentan que con la modalidad del voto secreto se le estaría dando una oportunidad a algunos diputados liberales para poder votar a favor del desafuero y sin tener que afrontar la ira del mandamás de su partido. Ese argumento es falso y altamente riesgoso. Falso, porque no hay forma de que el Partido Liberal pueda destituir a ningún diputado que vote en contra de Alemán, y peligroso porque abre la posibilidad para lo expuesto anteriormente.
Es hora de que cada diputado asuma la responsabilidad que le corresponde frente a sus electores, y esto sólo es posible si el voto es público. Y aunque los diputados no pueden ser removidos de sus cargos ni por su partido ni por sus electores, lo cierto es que un 75.8 por ciento de la población encuestada por la firma M&R Consultores, respalda la suspensión de la inmunidad de Alemán. La Junta Directiva debe desde ya comprometerse a que la votación será pública. El pueblo no merece ser burlado una vez más.
