- Advierte que se deben valorar problemas propios que se viven en Nicaragua
Mirna Velásquez mirna.velá[email protected]
La implementación del nuevo Código Procesal Penal supone estar inmersos en una aventura jurídica, que dado la falta de condiciones, va directo al fracaso.
Ernesto Pedraz Penalva, catedrático de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, España, en un análisis comparativo al modelo europeo, cuestiona la realidad de un Poder Judicial en Nicaragua sometido a intereses políticos.
“Encontramos que una realidad es la siguiente: los jueces no son profesionales en el sentido de que su nombramiento está limitado temporalmente, quiere decir que es fruto de una decisión parlamentaria, o puede ser por una decisión, que aunque objetiva, tenga en consideración elementos partidistas, éste es ya un origen malo”, señala Pedraz Penalva.
Y es que en Nicaragua, en muchos casos, el nombramiento de los y las jueces está supeditado a quién apoya su candidatura, al que garantiza mantener durante cierto período ese puesto codiciado. “Yo sé que al cabo de cinco años voy a tener que replantearme el problema de: yo quiero seguir siendo juez, por tanto, tendré que dirigirme a los grupos que ya me apoyaron para que me sigan apoyando”, ejemplifica el jurista.
En España la elección de un juez, por ejemplo, es vitalicia, y puede ser removido sólo si éste incurre en un delito. “Aquí no, aquí debes esperar cinco años”, refiere.
INSUFICIENTES JUECES Y FISCALES
Pero a esta realidad, Pedraz suma el número insuficiente de jueces y fiscales. Ochenta fiscales en toda Nicaragua para una población de cerca de seis millones de habitantes, pone en entredicho la dificultad del Ministerio Público para ejercer una de las tareas más importantes en un juicio: investigar, facultades que tradicionalmente le han correspondido a la Policía y a los judiciales.
“Los fiscales no van a poder controlar a la Policía. Además, es un sistema que lleva durante muchos años basándose en un Código de Instrucción Criminal que es del siglo pasado. Entonces, hay una costumbre en la forma de reaccionar, pero no solamente de los jueces y de los fiscales, que es una situación nueva”, indica.
La experiencia en Europa —explica— es que la Policía es controlada. Es un sistema donde hay un contacto directo entre el Ministerio Público, el juez, las instituciones y la Policía, por lo que es más fácil controlarla y exigirle respeto de los derechos y libertades fundamentales, aunque, admite que se escapa con mucha frecuencia.
HAY ZONAS DONDE SÓLO MANDA LA POLICÍA
En cambio, en Nicaragua, hay zonas donde la Policía es la única autoridad. “Está en determinadas zonas del país, mal comunicadas incluso físicamente porque no hay carreteras. Desde este punto de vista es problemático”, afirma, y añade que esta entidad es la autoridad que determina y gobierna la existencia o no de un delito. “Se establece por tanto el criterio de la Policía por muy bueno que sea, pero no es profesional, porque no son especialistas del derecho, esto no puede funcionar”, aclara Pedraz Penalva.
Pedraz define al juez y al Ministerio Público dentro de un sistema continental en Europa, como profesionales. En tanto, “la Policía ha estado históricamente —sobre todo cuando se ha ido consolidando las democracias en todos los estados europeos— siempre controlada por la judicatura”.
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO FORÁNEO
Como en todos los países de Centro y Sudamérica, estamos sometidos a modelos económicos implantados, que responden a otro contexto. Igual pasa con un modelo judicial al que estaremos asistiendo con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
“Es mucho más rentable llevar a cabo una colonización jurídica, sufre una uniformidad y para eso se verifica una especie de acuerdo, recurriendo al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal u otras organizaciones, creándose el Código Procesal Penal modelo. Por ejemplo, se hizo para Iberoamérica, a principios de los 90, aquí influyó un grupo de juristas básicamente argentinos por razones más que todo económicas”, dijo.
“En Argentina los profesores no tenían medios para buscar la cooperación como un modo de completar sus recursos económicos, entonces se expandieron; algunos ejemplos claros que conocemos se expandieron para contribuir como instrumentos a favorecer una nueva reforma de la justicia, y la reforma consistía, primero en una anglozajonización, es decir, sistemas como los de Centroamérica y Sudamérica que son evidentemente sistemas continentales”, explica.
Esto supone —agrega— que hay que capacitar, es decir, crear una nueva mentalidad. En España, desde 1980, cuando se creó el Consejo General del Poder Judicial, llevan 22 años con cursos constantes para coincidir que los jueces se pongan al día y para facilitar también que exista una nueva legislación, que exista una jurisprudencia nueva.
Capacitar supone, entonces, estar constantemente haciendo cursos, proporcionándoles al mismo tiempo su formación, dándoles incentivos, a los jueces, sobre todo, y a las partes que intervienen en los juicios.
