Gerardo R. Olivas
Mi condición de Magistrado de Tribunal de Apelaciones me inhibe de inmiscuirme en asuntos políticos, pues nuestra tarea consiste fundamentalmente en administrar justicia, sin ningún tipo de “contaminación” política. Sin embargo, tal inhibición no puede ser considerada literalmente en casos excepcionales, cuando se es víctima directa de los efectos imponderables del trajinar político, como ocurrió en mi caso, al haber sido testigo directo de los acontecimientos del diario LA PRENSA.
Por azares del destino, me encontraba en la Sala de Redacción al momento de la irrupción de la persona que, pistola en mano, amedrentó a todos los que allí se encontraban en ese momento, pues suelo, cuando escribo algún artículo de opinión, entregarlo personalmente a don Luis Sánchez, Editor General o a la Coordinadora de la página de Opinión, Lesbia Aguilera. El martes 22 fui a dejar un artículo (que salió publicado en la edición del jueves 24) y me encontraba junto a Lesbia al momento de los acontecimientos.
Después de varios minutos de incertidumbre, pude al fin abandonar el local por una salida de emergencia que me indicaron algunas de las personas atemorizadas. El terror y la desesperación reflejada en varios rostros, son las imágenes que conservo nítidamente de esos angustiosos momentos.
Apagadas las luces, se impone la serena reflexión sobre lo ocurrido y la necesidad de deducir las lecciones de tal acontecimiento. Pienso, en primer lugar, que la violencia no puede, por manera alguna, seguir siendo la consejera de nuestro destino histórico. Nada justifica que se pretenda utilizarla para lograr fines de la índole que sean. No debemos olvidar, ni por un instante, que desencadenado el torbellino, miles de personas deben ofrendar sus vidas, para que la calma retorne al suelo patrio.
Independientemente de nuestros gustos partidarios, creo que se han abierto los cauces suficientes de la democracia para transitar por ellos y expresarnos de la manera que más convenga a nuestros intereses: las últimas experiencias electorales del 90, 96 y 2001 y las tres últimas elecciones de alcaldes demuestran que nuestras opciones políticas pueden y deben, aún con sus ligeras inconsistencias, manifestarse por esa vía y que, una vez proclamado el ganador o ganadora, es nuestra obligación cívica someternos a la suprema voluntad popular, nos guste o no.
Hemos vivido un año agitado en el que, hasta donde puedo apreciar, la lucha contra la corrupción ha estremecido los cimientos de uno de los partidos más fuertes de Nicaragua y de la sociedad en su conjunto. A muchos quizás no les guste, como por ejemplo a algunos no nos puede gustar que el aborto sea considerado delito. Pero, independientemente de nuestros gustos personales o particulares, no hay que olvidar que es obligación de todos acatar la Ley y que si la justicia encuentra méritos para juzgar y condenar a alguien por actos de corrupción, pues la sentencia aplicada, se trate de quien se trate, pues ésta es, según la Constitución, “de ineludible cumplimiento”.
Nadie puede ir por la calle blandiendo su propia arma justiciera, de forma primitiva, pretendiendo que impere la ley del talión y queriendo hacer justicia por su propia mano. Ninguna persona en nombre propio o a título personal, o en nombre de grupo alguno puede pretender imponer su voluntad y someternos al capricho del terror y el miedo. La libertad, ese don preciado que tenemos los seres humanos, no puede ser objeto de ataduras o herrajes ignominiosos,
Estoy en total desacuerdo con el argumento que se esgrime para justificar lo ocurrido en LA PRENSA, de que los medios de comunicación son los causantes de lo ocurrido. Es totalmente inadmisible e irracional que se piense que los periodistas son o han sido los causantes de la corrupción. Según he entendido, lo que han hecho los medios de comunicación es alentar y exigir el justo castigo a todos aquéllos que, al amparo del poder, menospreciaron nuestra pobreza y se burlaron de nuestras escuálidas esperanzas. Que cada quien asuma las consecuencias de sus actos y cumpla lo que la ley establece. No se puede consentir en manera alguna, que el terror nos despersonalice y nos obligue a ser títeres o marionetas de los que pretenden, bajo la fuerza, convertirse en los depositarios de la verdad y la razón.
El autor es magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua.
