Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) estableció responsabilidades administrativas y civiles contra los ex miembros de la junta directiva de Cobranzas Bancarias de Nicaragua (Cobanicsa) “La Cobra”, por haber causado perjuicio económico al estado en más de 29 millones de córdobas.
Entre los sancionados por la resolución de la Contraloría están Mario Rivas Reyes, ex presidente de “La Cobra”; Julio Ruiz Galeano, ex vicepresidente; Arturo Elí Tablada Tijerino, secretario y Oscar Bonilla Henríquez.
La CGR ordena a través de glosas económicas que estas personas deben pagar al Estado los 29 millones de córdobas que se dejaron de percibir, porque ellos aplicaron mal las normativas del Banco Central.
De acuerdo con el informe de auditoría de la CGR, el Banco Central emitió el 12 de junio de 1997 las normativas de Política de Cancelación total para créditos con saldos mayores a cien mil córdobas.
Dicha normativa disponía que los deudores que estuvieran dispuestos a pagar al contado la totalidad de su deuda (corriente y vencida), recibirían el cien por ciento de descuento sobre intereses a la fecha del pago y descuentos del principal que variaban entre el 50 y 25 por ciento. Esta norma se aplicaría a los deudores de la Banca Estatal, sobre todo a los que tenían obligaciones con el Banco Nacional de Desarrollo (Banades).
“Al revisar expedientes de deudores a quienes la Junta Directiva y otros funcionarios de Cobanicsa aplicaron dicha normativa, se evidenció que ésta fue mal empleada dado que éstos (los deudores) no pagaron de contado la totalidad de la deuda, que era el requisito sine qua non para gozar de ese beneficio”, dice el informe de auditoría de la CGR.
De acuerdo con el documento, 16 deudores, al cierre de Cobanicsa, no habían cancelado las deudas que ascendían a 22.9 millones de córdobas.
Otros doce deudores que tenían una deuda de 7.4 millones de dólares, no la cancelaron.
Entre las empresas y personas naturales beneficiadas, la Contraloría señala a Agrícola San Guillermo de Chinandega, con un descuento de 1.2 millones de córdobas; Agropecuaria Aguas Calientes de León, con un descuento de 3.4 millones de córdobas; Agropecuaria El Olocotón, con descuento de 1.6 millones de córdobas; Centro Energético Yasica, de Matagalpa con descuento de 553 mil córdobas; Frixione y Hannon S.A. de Managua, descuento de 4.9 millones de córdobas; Agropecuaria El Puente, de Chinandega, con descuento de un millón, entre otras.
Entre las personas naturales que presuntamente no pagaron sus obligaciones y fueron beneficiadas con descuentos figuran, Rafael Córdoba Álvarez, Ramiro Saborío Galo, Álvaro Fiallos Oyanguren y Odel Barquero.
Córdoba dijo a LA PRENSA que él tiene en su poder los comprobantes de pago y que está dispuesto a demostrar que sí pagó aproximadamente 15 mil dólares, de los 18 mil que adeudaba al Banco Nacional de Desarrollo (Banades).
“De igual manera, se comprobó que la Junta Directiva de la entidad auditada (Cobanicsa), aplicando la misma normativa de cancelación total, en fecha 31 de diciembre de 1997, aprobó se liquidaran las obligaciones de las Empresa TAINSA de Jalapa y de Estelí, sin que éstas cancelaran de contado sus créditos, y sin base legal le otorgaron un descuento hasta por la suma de ocho millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco córdobas (8,737,425)”, señala el informe de auditoría.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
La Contraloría también estableció responsabilidad administrativa en contra de Emma Morales Gaitán, ex vicegerente de cartera y recuperaciones de Cobanicsa; Víctor Ríos Prado, ex vicegerente administrativo contable, y Oscar Garay, ex contador general de “La Cobra”, por haber incumplido normas y procedimientos administrativos.
