Consuelo Sandoval [email protected]
Los diputados de la bancada liberal comenzaron ayer a mostrar contradicciones respecto a las prioridades del Presupuesto de la República del próximo año, que hoy explicará el ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, a la comisión económica parlamentaria que dirige el diputado arnoldista Noel Ramírez.
Ramírez aseguró que debe mantenerse el nivel de gastos sugerido por el gobierno, que el pago de la deuda interna sea satisfecho porque constituye la pieza central que le permitirá a Nicaragua cumplir con las metas de reservas internacionales que se negocia con el fondo Monetario Internacional (FMI), y por último, hacer lo posible por cumplir con las prioridades de carácter social.
“Normalmente el FMI aparece como el villano porque los programas se venden como programas que son diseñados para castigar a los pueblos, sin embargo, los acuerdos con el FMI en lugar de ser un cinturón que venga a castigar al pueblo han sido un mecanismo que nos ha permitido tener acceso a recursos que de otra forma no estarían a disposición de la economía nicaragüense”, dijo Ramírez.
Esta posición contrasta con la del primer vicepresidente del PLC arnoldista, diputado Wilfredo Navarro, para quien las valoraciones presupuestarias son diferentes porque estableció las prioridades en el siguiente orden: el sector social, las municipalidades y la seguridad del país.
“Si para cubrir la agenda social es necesario disminuir el pago de la deuda interna, lo vamos a hacer, aquí entre pagarle a los banqueros y escoger que se siga muriendo la gente por falta de medicinas, preferimos esto último. No vamos a permitir sacrificar la salud, la educación, el Estado de Derecho y la seguridad del país”, manifestó.
El diputado Carlos Noguera criticó el excesivo monto de 3,000 millones de córdobas que el gobierno designa para el pago de la deuda interna, dinero que según él, pudiese servir para aumentar las partidas sociales. Atribuyó el endeudamiento interno al pago de los bonos de indemnizaciones por las propiedades de la piñata y la quiebra fraudulenta de los bancos.
Navarro planteó que defenderán las transferencias a las municipalidades entre un 4 y 6 por ciento, e intentarán reorientarles directamente los recursos que recibían a través de varias instituciones como el FISE, Inifom e IDR.
“Nosotros no somos empleados del FMI, lo que han hecho los gobiernos de turno es ir y no plantearles opciones y alternativas. Ese es el chamarro o el huyuyuy que nos han querido meter los gobiernos que utilizan de excusa para no variar el presupuesto. La posición del PLC es clarísima, tenemos que ver por la agenda social antes que nada y porque se reduzcan algunos pagos a la deuda interna”, expresó.
